Renovación en la función pública

Las razones por las que se ha llegado a esta situación son básicamente dos: por un lado, en los años 80 y 90 se pusieron en marcha el Estado de las autonomías y un paralelo y renovado Estado de bienestar, que requirió el ingreso masivo de varios cientos de miles de nuevos funcionarios que ahora se acercan al fin de su vida laboral sin que se haya previsto el necesario repuesto. Por otro lado, la gran crisis 2008-2014 supuso una parálisis de la cadencia normal del funcionariado: se redujeron al mínimo las tasas de reposición (no fueron sustituidos muchos de los funcionarios que salieron del sistema) y no se convocaron oposiciones para cubrir las vacantes de las plantillas. Además, las ausencias fueron cubiertas con demasiada frecuencia por eventuales, lo que ha llevado a la paradoja de que hoy el sector público tiene una tasa de temporalidad del 27,8%, un punto y medio superior a la del sector privado. Además, el número de funcionarios está todavía por debajo del máximo que se alcanzó en 2011, con 3,3 millones.

El Gobierno de Mariano Rajoy llegó con los sindicatos al acuerdo de sacar a concurso 250.000 plazas entre 2017 y 2018 para paliar las carencias, y en los dos últimos años ha habido históricas ofertas de empleo público, que deben continuar e intensificarse para remediar la escasez y paliar el desequilibrio que supone que el acceso al trabajo público sea a los 35 años, nueve más que en el sector privado. En cualquier caso, habría que mejorar también el atractivo de la función pública ya que en 2019 solo el 13% de los españoles sería funcionario si pudiera, ocho puntos menos que un año antes, cuando la salida de la crisis no era aún tan evidente.