Políticas de interés general

Este miércoles, Sánchez tuvo que dar la cara ante los medios, que recordaron al jefe del Ejecutivo que Iglesias había prometido recientemente que dimitiría si se le abriera juicio oral por corrupción, algo que evidentemente no ha ocurrido puesto que ni siquiera está investigado personalmente, pero sí se ha visto afectado por la imputación de su partido. El presidente del Gobierno, visiblemente incómodo, utilizó hasta tres veces el argumento incontestable de la independencia del poder judicial, que le obliga al gobierno a permanecer neutral en los asuntos de la Justicia, y en ningún monento salió en defensa de sus compañeros de coalición.

Este roce entre PSOE y UP no es el primero: ha habido varias divergencias más, la más importante de las cuales ha versado sobre don Juan Carlos I y la institución monárquica. Sánchez ha defendido la institución, el pacto constitucional y a Felipe VI, en tanto Iglesias ha aprovechado la coyuntura para recalcar su posición republicana. También en esta ocasión Sánchez ha hecho pedagogía: ha explicado que en las coaliciones existe el compromiso del pacto suscrito por las fuerzas que deciden gobernar en alianza, lo que impide que cada una de ellas manifieste sus posiciones en todo lo demás, siempre que no se quebrante la estabilidad del gobierno.

Esta es la teoría, pero en la práctica tiene que resultar muy embarazoso para Sánchez y la mayoría socialista del gobierno soportar algunas marrullerías de su socio. Conviene recordar que Pedro Sánchez ganó la moción de censura esgrimiendo la insoportable corrupción del partido del gobierno, el PP, que había terminado contaminando a Mariano Rajoy. ¿Sería políticamente digerible que en estas circunstancias el PSOE siguiera gobernando con un socio al que se hubiese condenado por parecidos delitos, si llega el caso?

Ahora bien: supongamos que UP atraviesa todas las líneas rojas. ¿Hasta dónde habrá de soportar el PSOE tan grande incomodidad? ¿Sería lógico que dinamitara la coalición y forzara por tanto unas nuevas elecciones generales, a diez meses de las anteriores y con una terrible pandemia plenamente activa que no ha arrojado a una gran recesión? ¿Entendería la gente que la mala cabeza de su clase política volviera a crear el gran vacío que padecimos desde finales de 2015 hasta finales del año pasado, ahora en condiciones terribles para todos?

En esta coyuntura, quien debería tener la solvencia, el sentido del Estado y el sentido común que reclaman las circunstancias es Pablo Iglesias, quien en lugar de enardecer el parlamento y de intentar dinamitar algunas instituciones, debería mostrar lo mejor de sí mismo facilitando la gobernabilidad y evitando las colisiones con su socio.

El interés general de este país atribulado, muerto de miedo, sembrado de luto, desconcertado ante una crisis que no parece tener solución de momento, pasa por la estabilidad y no por una nueva crisis de gobernabilidad. Lo que quiere decir que es necesario que el gobierno funcione (la verdad es que no se ha resentido apenas de los rifirrafes que lo circundan), que las principales fuerzas políticas sean capaces de consensuar unos presupuestos de reconstrucción, que una mayoría potente sea capaz de pactos duraderos en materia de educación y de seguridad social.

Unidas Podemos es ya solo poco más que Izquierda Unida en sus mejores tiempos, que no fueron tan buenos, y si sigue por este camino acabará en la irrelevancia del poscomunismo. Sería bueno que en este declive, que ya es manifiesto, no nos arrastre a todos.