Un pacto a medias

Con lo que especialmente los sindicatos se muestran satisfechos al asegurar la «suficiencia de las pensiones» en un plazo inmediato. El acuerdo se queda poco más que en incentivar, como ahora, la prolongación de la vida laboral por encima de la edad de jubilación. Y atenúa las penalizaciones vigentes para el retiro anticipado, excepto para aquellas personas que pudiesen aspirar a la percepción de la pensión máxima. Se apuesta en términos generales por que los trabajadores de menos de 68 años no puedan ser objeto de jubilación forzosa, aunque con excepciones sectoriales.

Y queda expresa la intención de que las parejas de hecho accedan a la pensión de viudedad de manera análoga a aquellas a las que les hubiera unido el vínculo matrimonial, entre otros acuerdos. La sintonía entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos constituye un valor en sí mismo, atendiendo a las indicaciones del Pacto de Toledo. Aunque el ánimo de consenso y la dilación de las negociaciones ha llevado al Gobierno, a los sindicatos y a la patronal a perder la oportunidad de ofrecer resultados de mayor compromiso.

Por ejemplo, a la hora de fomentar la continuidad de la vida laboral. Pero, a la espera de aquellas propuestas que las tres partes maduren para completar la reforma del sistema a lo largo de 2022, las buenas sensaciones del acuerdo no pueden hacer olvidar que lo que el país se juega a medio y largo plazo es la sostenibilidad del sistema. Y que a cortísimo plazo corre el riesgo de no poder contener el déficit. La solución de que el sistema de Seguridad Social transfiera a los Presupuestos Generales –de las cotizaciones a los impuestos– un monto abultado de 'gastos impropios' puede aliviar en lo inmediato los costes laborales. Pero es engañoso olvidar que ello no rebaja la carga del conjunto de prestaciones sobre el erario de todos.