No es una ocurrencia, es una estrategia

Esa es la razón por la que el Partido Popular ha dado por zanjada la polémica tras las declaraciones de Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, perteneciente a Vox. Y lo ha hecho como si se tratara de una ocurrencia, a pesar de que sus declaraciones se hicieron en conferencia de prensa tras la celebración de un cconsejo de gobierno y en presencia del portavoz del ejecutivo castellanoleonés.

Lo que el partido socialista, por su parte, vio en las declaraciones fue una excusa perfecta para alejar del foco del debate la reforma a la carta de los malversadores del procés y las excarcelaciones diarias de delincuentes sexuales como consecuencia de la ley del solo si es si.

Dada la frivolidad y pobreza intelectual de quien hizo la propuesta sobre medidas antiabortivas, es tentador pensar que fue una declaración más de este extravagante personaje. Sin embargo, lo de García-Gallardo no es una ocurrencia: es una estrategia.

Una estrategia que los gobiernos populistas de extrema derecha están llevando a cabo en Europa. allí donde gobiernan: hoy es imposible para las mujeres, de facto, el aborto legal y seguro en Hungría y en Polonia. Y como ya sabemos, cuando se impide el aborto legal no se reduce el número de interrupciones del embarazo, sino que se incrementan los abortos clandestinos e inseguros, aumentando de esa forma los riesgos para la salud y la vida de las mujeres.

En Polonia, donde gobierna el partido Ley y Justicia, que comparte grupo político con Vox en la Eurocámara, muchas vidas de mujeres están poniéndose en peligro. Las amenazas penales que cercan a médicos y sanitarios, el registro obligatorio de embarazos, han hecho que Polonia sea un infierno para la salud de las mujeres que desean, incluso por causas médicas, interrumpir su embarazo: el Constitucional polaco, controlado por el gobierno, dictaminó que el aborto debido a «un defecto fetal grave e irreversible o a una enfermedad incurable que amenace la vida del feto» es inconstitucional. Esta legislación llevó a Izabela Sjabor, de 30 años, a morir en la cama de un hospital de un shock séptico al ser obligada a llevar un embarazo a término, incluso una vez certificada la muerte del feto.

Recientemente tuvimos ocasión de recibir a sus familiares que, rotos de dolor, buscan justicia y piden a las instituciones europeas que actúen contra esta legislación criminal del gobierno polaco, que desde hace años también ha restringido la educación sexual en los colegios, criminalizado a las asociaciones de mujeres y a las personas LGTBQ+ y erosionado el Estado de derecho.

De todo esto es de lo que el señor Gallardo dijo no tener ni idea, porque no conoce nada de los embarazos sobre los que pretende legislar. Al parecer tampoco el portavoz del gobierno del PP en Castilla y León, que no movió una ceja mientras escuchaba a su vicepresidente.

Después vimos al presidente Alfonso Fernández Mañueco que pasará a la historia por ser el primero que llevó a Vox a un gobierno autonómico, colocándose a si mismo como garantía de que esas medidas aprobadas en su consejo de gobierno nunca verán la luz mientras él sea presidente. Todo un homenaje a la hipocresía. La única certeza que hoy tienen los castellanos y leoneses es que ese ataque a los derechos de las mujeres nunca se habría producido con un vicepresidente de Cs en el gobierno de la Comunidad.

Imaginen por un momento a Núñez Feijóo en el gobierno nacional en manos de Santiago Abascal. No habría podido presionar a Mañueco, como ha hecho ahora, y éste –como con tantas otras medidas propuestas por Vox– hubiera tragado. (Ya lo ha hecho, por ejemplo, permitiendo que en esta comunidad hayan desaparecido las ayudas a las empresas por contratar a mujeres víctimas de violencia). Y hoy el protocolo antiaborto seria una realidad en Castilla y León; un primer paso para dar entrada a la agenda de los líderes de Polonia y Hungría, Andrzej Duda y Viktor Orbán, y reprimir los derechos sexuales y reproductivos en España.

Todo esto no pasa inadvertido en Europa. 'La región de Castilla y León, rampa de lanzamiento de la guerra cultural de la extrema derecha en España', titulaba el diario Le Monde hace unos días. Los liberales y demócratas de Renew somos muy conscientes de esta preocupación y de los riesgos a los que nos enfrentamos. Por ello hemos impulsado una enmienda especifica a la Carta de Derechos Fundamentales Europea para garantizar el aborto legal y seguro en Europa y la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todo el territorio de la Unión. Esta propuesta recibió el apoyo mayoritario del pleno del Parlamento con la excepción de la extrema derecha y, sorpresa, de los eurodiputados del PP.

No se dejen confundir por los que dicen que hoy en España el espacio liberal y reformista puede ocuparse por la derecha, por muy centrista que se reclame. La defensa de la igualdad y la libertad de las mujeres dan la medida. Ni Mañueco, como ya lo ha demostrado, ni Feijóo si en un futuro necesitara el apoyo de Vox, son garantía de que la agenda antigénero, la agenda contra los derechos de las mujeres, no se abrirá paso en España. Lo de Gallardo merece una reflexión más profunda que despacharlo como una simple ocurrencia.