Lamela y el 'caso Rosell'

Ser declarado absuelto después de haber pagado una condena de veintidós meses privado de libertad no es un asunto que pueda ser archivado a título de inventario

Lamela y el 'caso Rosell'
Efe
JUAN CARLOS VILORIA

La absolución de Sandro Rosell después de 22 meses de prisión provisional arroja sombras negativas sobre el gobierno de los jueces en España. Justo en el momento en el que la impecable gestión del tribunal que juzga el proceso independentista catalán y la declaración unilateral de independencia desmentía todas las teorías de una justicia subordinada o incompetente. El Consejo General del Poder Judicial, último responsable del nombramiento de la jueza Carmen Lamela, primero para la Audiencia Nacional y vertiginosamente magistrada del Supremo, tiene que hacer rápidamente examen de conciencia.

El Tribunal Supremo es una institución que debe estar a cubierto de personalismos judiciales que puedan contaminar su prestigio, independencia y profesionalidad. Actuaciones como la de la jueza, ahora en la sala de lo penal del TS, en el caso de Sandro Rosell durante su paso por la Audiencia Nacional, no son admisibles en la última instancia jurisdiccional del Estado de derecho. Sencillamente, no se lo pueden permitir. La evaluación de las pruebas en la instrucción de una actuación presuntamente delictiva no es un trabajo subjetivo que pueda depender del humor del magistrado. O del perfil sociopolítico del investigado. O de los errores de la policía judicial, la UCO o la UDEF.

Es un trabajo muy profesional, técnico, aséptico, presidido por los principios de presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva. Este último derecho individual recogido en el artículo 24 de la Constitución es la piedra angular que nos protege contra la indefensión y consagra las garantías constitucionales del proceso penal. La desastrosa instrucción del caso Rosell sin atender a las aportaciones de la defensa y valorando exclusivamente las apreciaciones indiciarias de la investigación policial indican como mínimo una actitud negligente y descuidada que es inadmisible en cualquier proceso penal, pero especialmente en un caso en el que se tomaron medidas cautelares tan drásticas y perjudiciales como la prisión preventiva. Ser declarado absuelto después de haber pagado una condena de veintidós meses privado de libertad no es un asunto que pueda ser archivado a título de inventario.

Y no solamente hay que referirse al caso del expresidente del Barça. La proyección política y social de determinados imputados y el alarmismo justiciero no pueden condicionar el delicado trabajo judicial ni caer en la tentación de zanjar el ruido mediático con un auto de prisión. Pero es equivocado establecer un paralelismo con los políticos presos ahora sentados en el banquillo. Más allá de cuál sea la resolución del tribunal después del juicio, la fuga del jefe de los conspiradores, Puigdemont, y los problemas para ejecutar la euroorden justifican sin género de duda la necesidad de garantizar la celebración del juicio impidiendo a los acusados apuntarse a la vía Waterloo.