El laberinto catalán

Lamentablemente, a pesar de la gravedad de la crisis territorial, los grandes partidos no han sido capaces de alumbrar una respuesta conjunta y su propia división favorece la estrategia de los independentistas. El principal responsable es el Gobierno, que ha optado por una muy cuestionable estrategia de 'apaciguamiento' consistente en indultar a los condenados por sedición y en modificar la regulación de ese tipo penal. Esa estrategia puede resultar muy peligrosa a medio plazo por cuanto implica privar al Estado de sus legítimas facultades de autodefensa.

Aunque el foco de la atención mediática y política se ha puesto en los indultos, realmente la modificación que se anuncia del delito de sedición es mucho más grave. Esa reforma podría impedir que, en el futuro, la realización de actos tendentes a la destrucción del orden constitucional o a la fragmentación del Estado quedasen impunes. La campaña de propaganda del Gobierno se basa en datos radicalmente falsos. En primer lugar, porque ningún organismo internacional o europeo ha exigido que España reforme esos tipos penales; en segundo lugar, porque todos los estados castigan penalmente y de forma más grave conductas como las perpetradas por Junqueras y demás condenados por sedición. Baste un ejemplo: el artículo 81 del Código Penal alemán castiga con «cadena perpetua» el delito de «alta traición», consistente en «intentar con violencia o por medio de amenaza con violencia: perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania (RFA) o cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la RFA». Obsérvese: se castiga con cadena perpetua el intento de destruir la Constitución y el Estado aun sin empleo de violencia.

El objetivo del Gobierno es reducir la pena prevista actualmente para la sedición a una horquilla de 3 a 6 años. Cuando dice que esas son las penas previstas en otros países europeos se está refiriendo a otros delitos menores: desobediencia a la autoridad o alteración del orden público. En Alemania, Francia, Austria, Portugal… los ataques al orden constitucional y a la integridad del territorio están tipificados como delitos graves y sancionados con penas elevadas de prisión.

El Gobierno pretende trivializar la sedición, equipararla a una simple desobediencia y rebajar sustancialmente la pena. El resultado de esa operación sería devastador. Por un lado, tendría el mismo efecto que el indulto pues supondría la salida inmediata de prisión de los condenados en virtud de la regulación anterior del delito. Por otro, dejaría al Estado prácticamente indefenso ante eventuales y futuras declaraciones unilaterales de independencia. Es más, Puigdemont, por ejemplo, podría regresar a España y ya no estaría justificado su inmediato ingreso en prisión. Ningún obstáculo tendría para desplazarse a Barcelona y liderar un nuevo proceso de «desconexión» de Cataluña de España.

Por eso hay que subrayar que la reforma del Código Penal puede tener efectos más graves aún que los indultos. Los indultos –siendo inaceptables por las razones que ha esgrimido el Tribunal Supremo y que se sintetizan en el hecho de que sería la primera vez en la Historia que se indulta a alguien que ha manifestado su voluntad de reincidir en el delito– no hacen desaparecer el delito. Si lo vuelven a hacer serán condenados nuevamente. La trivialización de la sedición (mediante la rebaja de su pena), sin embargo, impediría que en el futuro fueran condenados por los mismos hechos. Podrían ser condenados por rebelión si utilizan de forma clara medios violentos, pero en otro caso no. Desde esta óptica, la única reforma necesaria de nuestro Código Penal es la inclusión de un tipo penal específico consistente en el intento de destruir el orden constitucional sin empleo de violencia.

En este contexto, la salida del laberinto catalán no puede obviar que el objetivo de los independentistas no ha variado lo más mínimo. El Gobierno de Sánchez tiene la responsabilidad de liderar la respuesta, que necesariamente debe ser consensuada con el Partido Popular. Esa respuesta puede consistir en un ofrecimiento para negociar reformas legales a cambio siempre de la renuncia expresa a cualquier vía unilateral. Pero lo que no se puede aceptar es que se prive al Estado de instrumentos legítimos –el Código Penal– para defenderse de quienes quieren destruirlo.