La investidura de Sánchez

Esquerra parece haberse inclinado tardíamente por el pragmatismo y el retorno a la legalidad

Oriol Junqueras y Raül Romeva conversan con el alcaldable por Barcelona Ernest Maragall (d) y la alcaldesa de Sant Vicent del Horts, Mayte Aymerich, durante la videoconferencia desde la cárcel. /A. Estévez
Oriol Junqueras y Raül Romeva conversan con el alcaldable por Barcelona Ernest Maragall (d) y la alcaldesa de Sant Vicent del Horts, Mayte Aymerich, durante la videoconferencia desde la cárcel. / A. Estévez
El Norte
EL NORTEValladolid

El líder de los republicanos catalanes, Oriol Junqueras, afirmó ayer que su partido no pondrá obstáculos a la investidura de Pedro Sánchez. Recuperando unas palabras ya pronunciadas en plena campaña de las elecciones generales, Junqueras repitió que no piensa dar pie «por acción u omisión» a un Gobierno «de extrema derecha o de derecha cada vez más extrema». La reiteración de esta disposición a facilitar un gobierno socialista, que el republicano no quiso concretar más, confirma que la negativa a respaldar la candidatura de Miquel Iceta a senador no implica un cambio de actitud en lo fundamental, que es facilitar la formación del próximo Ejecutivo. Con relación al conflicto catalán, las elecciones del 28-A han representado la clara inclinación de una relevante mayoría de electores hacia la vía de la negociación y el pacto en el estricto marco constitucional frente a las soluciones radicales de aplicación indefinida y arbitraria del artículo 155, la recentralización o incluso la cancelación del Estado autonómico, que han esgrimido sectores de la derecha. Resultaba, pues, lógico que el partido más realista del soberanismo, el que parece haberse inclinado tardíamente por el pragmatismo, el retorno a la legalidad y la bilateralidad, esté dispuesto a impulsar y estabilizar la opción política más sensible al problema catalán. Porque el PSC, que está recuperando el apoyo que tuvo antes de la crisis, es francamente catalanista, en el sentido integrador que este término tuvo hasta que se adueñaron de él los independentistas. La judicialización del conflicto, que solo es imputable a quienes cometieron el histórico error de explorar una inconstitucional e inadmisible vía unilateral, dificultará como es evidente la solución del contencioso y la normalización de las instituciones catalanas, pero los distintos actores no tienen mucho donde elegir si de verdad aspiran a resolver el problema: el enriquecimiento del marco institucional mediante una reforma federalizante del Senado y el replanteamiento de la norma estatutaria catalana son los elementos esenciales de un acuerdo que restaure la convivencia y devuelva la fecundidad al Estado descentralizado. La estabilidad gubernamental durante el próximo cuatrienio, a la que también deberán contribuir los partidos de oposición, podrá servir de base a este viaje urgente de retorno a la normalidad.