Independentismo más que radical

La Guardia Civil, a las órdenes del juez García Castellón de la Audiencia Nacional, detuvo ayer en varias localidades barcelonesas a siete miembros de ... los llamados Comités de Defensa de la República. Se les acusa de haber acopiado precursores con los que fabricar explosivos que se pensaba utilizar en los actos de protesta contra la sentencia por el 'procés', que presumiblemente se conocerá el mes que viene. Los CDR, que tienen ya largo historial de desórdenes desde que fueron creados en 2017, han sido hasta ahora células espontáneas e independientes, alimentadas por sectores al margen de las organizaciones políticas, dada la explícita voluntad de los partidos soberanistas de transitar por vías pacíficas. Incluso las defensas de los procesados por el 1-O han basado la inexistencia de delitos de rebelión en el hecho de que, a su juicio, todas las actuaciones habían sido pacíficas. Por eso resulta singular y extraño que ERC y Junts per Catalunya hayan criticado con dureza las detenciones, acusado al Gobierno del «criminalizar el independentismo» y aceptado acríticamente la explicación de que solo se ha intervenido material pirotécnico. La CUP ha hablado de «montaje policial», los comunes han dicho que tales detenciones son «banalizar el terrorismo» y, por supuesto, Torra y Puigdemont se han puesto al frente de todas estas protestas. Las investigaciones sobre las actividades de los CDR no son nuevas, y ya en abril de 2018 se practicaron detenciones de personas que tenían en su poder planos de cuarteles de la Guardia Civil. Ahora se ha intervenido material explosivo y documentación comprometedora. Dado que es impensable que la Audiencia Nacional haya organizado un montaje, como se insinúa, la crítica a las detenciones puede entenderse como permisividad hacia una respuesta violenta a las decisiones judiciales. Es posible que la reacción política se reabsorba cuando se confirmen las sospechas, pero de momento hay que decir con preocupación que si fuera real la tolerancia del independentismo catalán con unos derroteros violentos que ya fueron abortados hace mucho tiempo –Terra Lliure se disolvió en 1991–, estaríamos frente a un problema mucho más arduo e ingrato de lo que ha sido hasta ahora. La solución negociada que una mayoría de catalanes y de españoles desean solo es posible en un marco de absoluto respeto al pluralismo y a las leyes, y de radical intolerancia, por tanto, hacia cualquier forma de violencia.