Una gran oportunidad para Mañueco

Son 86.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León, y sus familias, los que ansían que el señor Fernández Mañueco no les dé la espalda de nuevo y que reconozca, no solo con palabras, que son los trabajadores quienes despliegan los servicios públicos y los que tienen la posibilidad de vertebrar las políticas del Ejecutivo autonómico para llegar a todos los rincones de la Comunidad.

Fernández Mañueco está en deuda con todos los votantes y tiene la obligación moral de recoger sin dilación el guante, en forma de un gran pacto, que le hemos lanzado desde CSIF Castilla y León, como sindicato mayoritario y más representativo de la Función Pública.

En sus manos está la firma de un contrato con los empleados públicos, y también con los ciudadanos, para la 'Protección de los Servicios Públicos y el Empleo', que consiga, de una vez, crear un empleo estable que ponga fin a la desbocada temporalidad, mejorar las condiciones laborales y, en paralelo modernizar los servicios públicos, al tiempo que recuperar el poder adquisitivo de un colectivo que contribuye desde 2008 a la contención salarial y que, como el resto de ciudadanos, sufre la insoportable subida de precios.

Es de justicia que los empleados públicos entren en el proyecto político del Gobierno de Castilla y León. De lo contrario, ¿cómo puede prometer su presidente que ofrecerá unos servicios públicos fuertes y sólidos, a la altura de lo que se merecen los castellanos y leoneses?

A la espera de que Fernández Mañueco dé audiencia a CSIF y le convoque a esa reunión solicitada con urgencia, avisamos ya de que no aceptaremos que los empleados públicos sean de nuevo atacados y resulten los paganos de la crisis. Que nadie dude de que CSIF saldrá a la calle con una gran movilización si los recortes continúan y las medidas de la Comunidad no se corresponden con la generosidad mostrada por los trabajadores/as de la Administración autonómica.

Para evitar esa conflictividad, marcamos como improrrogable que nos sentemos, sin más demora, a negociar la actualización de la Ley de la Función Pública, la Ley de Cuerpos y Escalas y las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), que se recupere la jornada de 35 horas, que se apruebe un nuevo convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de Castilla y León que lleva dos años negociándose; y que se implante y desarrolle la carrera profesional de todos los empleados públicos de la Junta.

Porque, por poner solo algunos ejemplos, no se puede hablar de la necesidad de fortalecer la sanidad pública sin pensar en los profesionales que la atienden, y no se puede presumir de los datos del informe PISA y dejar a un lado a quienes se ponen día a día al frente de las aulas.

Los servicios públicos de Castilla y León no pueden esperar más. Como tampoco se puede dilatar más que la Comunidad cuente con unos presupuestos que den respuesta a la preocupante situación económica que vive el país. Resulta inquietante y decepcionante comprobar que la Junta de Castilla y León dejará para después del verano el debate de los Presupuestos, ya de cara a 2023. No podemos vivir instalados en la prórroga de unas cuentas obsoletas.

¿Acaso es hoy la misma realidad que la que vivíamos en 2021 cuando la brutal subida de la inflación no había golpeado de forma tan significativa los bolsillos de los castellanos y leoneses?

Desde CSIF queremos ser constructivos. Nuestro amplio conocimiento de la realidad de los servicios públicos –por algo somos el sindicato mayoritario en las administraciones públicas– nos avala para pedir que la voz de los 86.000 empleados públicos de la Junta a los que representemos tenga verdadera presencia y peso en el máximo órgano de participación sindical: la mesa del Diálogo Social.

La Junta de Castilla y León cometería un tremendo error si sigue marginando a una organización como CSIF y no se presta a adaptar el foro del Diálogo Social a la realidad socioeconómica de la Comunidad. No debe seguir obviando al agente social más representativo de las administraciones públicas. No debe; no puede.

Es preceptivo que el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco inicie a corto plazo un proceso de actualización normativa de este órgano, para que se dé entrada a una mayoría sindical más amplia, más democrática, en la que la independencia política también esté representada. Porque si los ciudadanos apuestan por unos parlamentos más plurales ¿por qué cercenar esa representación plural de la sociedad en la vida sindical?

Y los sindicatos ahora representados en ese foro del Diálogo Social, si de verdad defienden como aseguran el dialogo y la representatividad democrática, están obligados a aceptar que CSIF se siente junto a ellos como el mayoritario y más representativo dentro de la Función Pública en Castilla y León.

Queremos luchar, desde la independencia que circula en nuestro ADN, por mejorar los servicios públicos para todos los castellanos y leoneses sin partir de una situación de inferioridad en relación a los sindicatos tradicionales, más preocupados en si conservan o no las dádivas y las cuantías económicas que de forma periódica reciben.

Lucharemos por los 160.000 empleados públicos de las diferentes administraciones públicas de la región, hasta conseguir una apertura, una democratización y una relegitimación del Diálogo Social, con la entrada de nuevos agentes sociales que enriquezcan el debate sobre cómo mejorar las condiciones de los ciudadanos.