Errores graves en la covid-19

Visto a cierta distancia, se advierte con claridad que el problema ha residido en la insidiosa insistencia de la oposición y de ciertas comunidades autónomas en concluir cuanto antes el estado de alarma, que supuestamente privaba de derechos importantísimos a la población. Sin menospreciar en absoluto el catálogo de derechos y libertades que nuestra Constitución consagra, todas las democracias del mundo contienen previsiones excepcionales para casos de emergencia, y también la nuestra permitía que, en el caso de una dramática pandemia, pudiera establecerse un mando único y centralizado de todas las operaciones y pudiese limitarse la movilidad de las personas para detener las cadenas de contagio, por lo que hubiera parecido perfectamente razonable que aquí se hubiese dado al ejecutivo central el suficiente margen de confianza.

Mientras en España, a partir del 14 de marzo, el Gobierno estaba obligado por su deseo de legitimidad y transparencia a prorrogar el estado de alarma cada quince días, para lo que tenía que vencer resistencias a veces miserables que nada tenía que ver con la pandemia (sino al contrario), el Consejo de Ministros de Italia decretó el estado de emergencia el pasado 31 de enero por una duración de seis meses, mientras que el Gobierno francés lo hizo el 23 de marzo durante dos meses. En ambos países se han producido sucesivas prórrogas con el lógico forcejeo pero con la naturalidad de quien sabía que se estaban entregando herramientas para resolver una gran tragedia.

Todavía resuena en nuestros oídos aquella hilarante afirmación de Torra, cuando dijo que si la Generalitat hubiera gestionado la epidemia hubiese habido menos muertos en Cataluña. A la vista está de lo que son capaces los próceres autonómicos cuando pueden gestionar sus propios problemas. Y aún dejan rastros de escándalo las sugerencias del PP y de Ciudadanos en el sentido de que habría que recobrar el mando sanitario único y controlar la movilidad de las personas para impedir que proliferen los rebrotes. ¿No les dará vergüenza, después de cómo se comportaron en su momento?

Con toda evidencia, las presiones sobre el Gobierno, que movieron al Ejecutivo a dejar en manos de las autonomías la «nueva normalidad», han sido las causantes de la pérdida del control. Las comunidades autónomas no han reforzado la asistencia primaria (suya es la competencia) ni han formado las cuadrillas de rastreadores que habían de haber detectado los casos positivos, perseguido las cadenas de contagio y ordenado los confinamientos. A las autonomías se le ha ido el problema de las manos y hoy estamos en situación de transmisión comunitaria, es decir, sin control sobre la evolución de los contagios. Probablemente no volveremos a los niveles de infección por los que ya pasamos entre marzo y mayo, pero es evidente que hemos superado el umbral que los europeos considera seguro. La decisión de Londres es inamistosa, qué duda cabe, pero perfectamente explicable y justificable.

En otras palabras, una vez conseguido lo difícil en el Estado, hemos fracasado en lo fácil en las autonomías. Si el desconfinamiento hubiera sido más cuidadoso, con prohibición de concentraciones festivas nocturnas, con un control estricto para impedir aglomeraciones, sanciones más duras, reglas más rigurosas, etc., quizá hubieran venido menos turistas por falta de alicientes lúdicos pero no se hubieran cerrado los mercados.

Un año en blanco no es un problema liviano. Habrá empresas que no podrán resistirlo y quebrarán, clientes que habrán cambiado de destino, desempleados que habrán de cambiar de profesión. Y todo con una particularidad: el problema no encontrará un cauce real hasta que la covid-19 esté médicamente controlada. El turismo y las limitaciones a la movilidad son básicamente incompatibles y no deberíamos destinar recursos a sostener negocios de momento inviables.