El acuerdo alcanzado ayer por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de AENA, Mauricio Lucena, para que una ONG del Tercer Sector elabore un censo de los cientos de personas sin hogar que han convertido el aeropuerto de Barajas en su alojamiento vital constituye un inicial y obligado alivio ante una situación insostenible. Insostenible por la compleja y delicada casuística de cada uno de los transeúntes que ha buscado refugio en el aeródromo; por lo que esa problemática representa para quienes –trabajadores y pasajeros– vienen conviviendo con ese anómalo contexto; por el desafío que representa para la atención social; y, por último, porque el choque competecial entre el Ayuntamiento madrileño, AENA y la Administración central del Estado no ha hecho más, hasta ahora, que contribuir a la parálisis. Ese censo pactado resulta así el primer paso para discernir, en primer término, qué parte de este sinhogarismo se corresponde con solicitantes de asilo. Y, después, para identificar con mayor precisión el resto de perfiles, asumiendo que es preciso mirar a la cara al sinhogarismo y destinarle recursos perfeccionados para quienes se encuentran en él.
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