De nuevo, Dolores Delgado
Una designación tan al límite, frente a candidatos con más méritos para investigar sobre el pasado, solo se explica por la obstinación de unos pocos
El nombramiento de la exministra de Justicia y ex fiscal general Dolores Delgado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática dejó ... ayer patente la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, rehusando siete de sus doce integrantes a participar en una votación indicativa. Es incomprensible que el fiscal general Álvaro García Ortiz se obstinara en designar a su antecesora en el cargo para hacer efectiva una figura contemplada en la Ley de Memoria Democrática, a la que se asigna un papel crucial para la convivencia, arriesgándose a aportar una polémica más al debate electoral. El hecho de que Delgado hubiese impugnado la participación de un miembro del Consejo Fiscal, Salvador Viada, en el proceso, por «pública y notoria animadversión» de este último hacia la aspirante, da cuenta de hasta qué punto llega la tensión en la carrera. Algo especialmente intranquilizador para los ciudadanos, que precisan sentirse protegidos por el Ministerio Público.
La Ley de Memoria Democrática, en su artículo 28, «crea un fiscal de sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derechos Humanos, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura». Atribuyéndosele además «funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas». Una tarea tan relevante y delicada que no debería estar condicionada por la diatriba que acompaña a Delgado. La designada formó parte hasta 2020, como titular de Justicia, del Gobierno que impulsó la Ley de Memoria Democrática. Pasó a la Fiscalía General, en la que fue relevada por alguien que contribuyó a promocionar, que después la ascendería a fiscal de sala y ayer nombró responsable de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Se da por otra parte la circunstancia personal de que es pareja del exjuez y abogado en ejercicio Baltasar Garzón, que desarrolla parte de su actividad profesional en el área de competencia de la nueva fiscalía de sala.
El fiscal general Álvaro García Ortiz manifestó ayer que no concurría causa de incompatibilidad alguna para el nombramiento de Delgado. Y que cualquier motivo puntual se dirimiría en su caso acorde al Estatuto de la Fiscalía. Pero se trata de una designación tan al límite en todos los sentidos, cuando había otros candidatos al puesto con más méritos, que es inevitable volver la mirada hacia la particular trayectoria de Dolores Delgado.
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