Cuenta atrás pública

España encara una crisis sin precedentes en su Administración Pública: el 47,7% de los funcionarios supera los 55 años y se jubilará en una década. Solo Italia presenta una plantilla más envejecida, según la OCDE. Esta situación es consecuencia directa de la crisis financiera que asoló el país en 2008, que paralizó la renovación del personal, y del actual bloqueo legislativo, que impide aprobar presupuestos y aplicar reformas urgentes. La reposición ha sido insuficiente durante años, con una presencia mínima de jóvenes y una temporalidad que supera el 30%. Aunque las nuevas tecnologías podrán compensar esa carencia en trámites administrativos, servicios esenciales como la sanidad o la atención social requieren prioridad. En el ámbito sanitario, si el personal nacional no cubre la demanda, debería afrontarse con realismo y generosidad la necesidad de incorporar profesionales extranjeros, agilizando los procesos de homologación y contratación. No actuar con urgencia pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema en su vertiente pública. La falta de planificación y de voluntad política para modernizar el empleo funcionarial mantiene a España anclada en un modelo envejecido e ineficiente. Urge una estrategia conjunta con visión a largo plazo y herramientas efectivas de gestión del talento.