Aval al 'caso Begoña Gómez'
El auto de la Audiencia de Madrid desmonta la estrategia del Gobierno contra la supuesta «investigación prospectiva» del juez
El auto emitido ayer por la Audiencia Provincial de Madrid, en respuesta a distintos recursos planteados por las partes personadas en el 'caso Begoña Gómez', ... perfila de manera relevante los contornos de la causa que lleva un año instruyendo el juez Juan Carlos Peinado, envuelta en la polémica por el impacto político de la imputación por presunta corrupción de la mujer del presidente del Gobierno y por el modo en que el magistrado desarrolla su investigación. El tribunal ha resuelto, en síntesis, que hay indicios de entidad suficiente como para justificar las indagaciones de Peinado que han llevado a encausar a la esposa de Pedro Sánchez por supuesto tráfico de influencias; y, en paralelo, que también hay razonamientos jurídicos de peso para acotar, por una parte, las actuaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la capital madrileña en lo que se refiere al eventual influjo de la acusada en el rescate de Air Europa; y, por otra, para liberar de la imputación al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, el hoy directivo del Instituto Empresa que fichó a Gómez en 2018, recién llegado Sánchez a La Moncloa. Una delimitación del terreno de las diligencias que constituye, en lo mollar, un espaldarazo a Peinado, porque la Audiencia comparte que Gómez ha podido valerse de su relación con el presidente para «vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias» a cambio de «contrapartidas» encaminadas a «proyectar» su carrera profesional.
El auto del tribunal que revisa y enmienda, en su caso, las actuaciones de Peinado recurridas no solo rechaza, por ahora, la impugnación de la causa por la imputada, a la que asiste el derecho legal a utilizar los argumentos que crea necesarios para defenderse. Desmonta sobre todo, por la vía de su contenido, la obcecación de los ministros del Gobierno en tratar de deslegitimar el procedimiento abierto por Peinado tildándolo de «investigación prospectiva»; es decir, insistiendo en una acusación tan grave como la de que el instructor ha construido artificialmente el caso incoándolo primero y luego buscando pruebas 'ad hoc', algo prohibido por la ley. Pero la resolución de la Audiencia no constituye únicamente un escollo difícilmente salvable para esa estrategia de intencionalidad política. Contribuye a engrosar la sospecha de que, cuando menos, Gómez pudo incurrir en comportamientos impropios de su posición junto a quien gobierna el país y, cuando más, en un ilícito tráfico de influencias.
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