Al término de la legislatura, la Administración del Estado suspende en materia laboral, tanto en las tasas de temporalidad como en absentismo y niveles salariales. Tras aprobar la reforma laboral y presionar a las empresas para que aumentasen la contratación indefinida, con las dificultades que supone en una economía con enorme peso en el sector turístico y servicios, el balance es que el sector privado ha cumplido con creces, no así el Gobierno. La Administración ha alcanzado los máximos niveles de temporalidad y absentismo; con un récord histórico en contratación, de los 3,1 millones de empleados públicos, 1,1 son interinos y las tasas de absentismo están en máximos. Por el contrario, las empresas han realizado un importante esfuerzo de adaptación y han recortado ocho puntos los contratos temporales y alcanzado un pacto de incremento salarial. El Gobierno no deja de engrosar el colectivo de los interinos y hace caso omiso a su propia legislación. En un contexto económico de fuerte presión inflacionista también se resiste a realizar ajustes salariales. Si añadimos a este balance la mediocridad de los servicios públicos, el cómputo de la gestión gubernamental en materia laboral no llega al aprobado.
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