Gobierno a dos aguas
Editorial ·
Resulta cuando menos discutible que acabar con la declaración conjunta incentive la promoción profesional de las mujeres
El Gobierno remitió el viernes a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en cuyo apartado titulado 'Adaptación del sistema impositivo a ... la realidad del siglo XXI' incluyó «la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta». El Gobierno hizo suya así una recomendación de la AIReF del pasado mes de julio, al entender que la declaración conjunta «genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)». Una vez constatado que tal medida incrementaría la carga fiscal de más de dos millones de familias en 2.400 millones de euros, a 1.150 euros anuales por hogar, y desatada la consiguiente polémica, el Ejecutivo de Sánchez volvió sobre sus pasos por boca de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicando que esa propuesta formaba parte del apartado referido a la igualdad de género, y no del capítulo de la reforma fiscal; y que el Gobierno no tiene intención de aplicarla.
Con una única iniciativa el Gobierno ha mostrado tres debilidades distintas. Su disposición a abordar las relaciones con Bruselas en cuanto a los fondos de recuperación en un plano diferenciado de su actuación real en el país. Su inclinación a sortear diferencias programáticas, sean entre los socios o sean en la ordenación de prioridades, enunciando diversas posibilidades para que sea el sentido de la oportunidad lo que haga prevalecer a unas sobre otras. A esas dos escoras en el ejercicio de la política pública, a cuenta de revisar la figura de la declaración conjunta el Gobierno ha añadido la tercera: una doble confusión que no es exclusiva de la izquierda, pero que la izquierda padece de manera especialmente aguda.
Por una parte, la confusión entre la necesidad de procurar una transformación igualitarista de la sociedad y los efectos reales de las medidas que se promueven para ello. Por la otra, la confusión entre la necesidad de incrementar la recaudación para dotar a las Administraciones públicas de fondos a redistribuir mediante los presupuestos y las consecuencias económicas y sociales de cada imposición tributaria. En este caso, resulta cuando menos discutible que acabar con la declaración conjunta incentive cuantitativa y cualitativamente la promoción profesional de las mujeres concernidas y su dignificación personal en una magnitud comparable o superior a esos 2.400 millones que las parejas afectadas trasferirían a Hacienda.
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