Una sociedad cínica y bulímica
Carta del director ·
«Lo habitual y lo sano en democracia es discrepar, debatir, respetar y optar por el criterio mayoritario, que se acepta como si hubiese sido unánime: es lo que ha hecho el Tribunal Supremo con su fallo»Esta semana conocimos que los medios de comunicación agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI) han ganado a la multinacional Meta (matriz ... de Facebook, Whatsapp o Instagram) un juicio por competencia desleal. Hablé de ello hace un mes en este mismo espacio. La sentencia condena a la firma de Mark Zuckerberg a una multa de más de 540 millones de euros, que deberán repartirse unos 80 medios. El fallo consta de sesenta páginas y fundamenta su decisión en el hecho de que Meta usó datos de usuarios masivamente de manera fraudulenta para ganar una ventaja competitiva en el mercado publicitario que causó un perjuicio notable durante varios años a los más de 80 medios unidos en la demanda. Entre ellos El Norte de Castilla.
Es evidente que, como aseguraba el abogado de AMI, Nicolás González-Cuéllar, la compensación económica no es lo más importante, pues por sí solo el dinero no suele resolver nada. El dinero se acaba. Lo que no se acaba es el bulímico ecosistema de opinión pública que engordan y aceleran las redes sociales dominantes, los algoritmos de personalización y polarización escondidos en sus tripas y todos esos mecanismos y maniobras que las grandes plataformas desarrollan e imponen para engordarnos el hígado y luego sacárnoslo como a los patos de granja. Y eso que la inteligencia artificial aún no vive su pleno apogeo. «La sentencia no es cuestión de dinero, es una batalla por la democracia», dijo González-Cuéllar. A Meta, como a Google o a Tik Tok o a X, la democracia y los progresos sociales y la limpieza del debate público y la igualdad les importa entre cero y menos infinito. Prueba de ello es que Meta en España tenía más abogados en el juicio que el número de empleados que paga en todo el país, como explicaba Irene Lanzaco, directora general de la AMI.
La pregunta que deberíamos hacernos es si la preocupación que comienzan a mostrar nuestros dirigentes respecto de las redes sociales y su impacto en niños y adolescentes no tendríamos que extenderla a otros ámbitos. Con urgencia. Me parece de un cinismo brutal legislar para proteger a los menores en los entornos digitales, como se ha impulsado desde el Gobierno, y no emprender ningún tipo de medida, al revés incluso, cuando esos mismos entornos digitales están triturando no ya nuestra democracia, sino un mínimo clima de convivencia respirable. Incluso, simultáneamente, abrir perfiles de Tik Tok desde Moncloa. Habría que hacer algo parecido a lo que se ha hecho con el tabaco. Se sabe que es perjudicial para los niños, pero también para los adultos, y por tanto las prohibiciones no solo afectan a los menores, sino a todo el mundo en lo que atañe a espacios públicos. Por tanto, cuando un político o partido basan su discurso público en las redes y sus lógicas es como si ese mismo político o partido quisiera legislar contra la prostitución mientras contrata servicios de citas sexuales en cada viaje oficial… ¿O no? Las redes sociales no son solo destructivas para los menores: usadas como sus propietarios desean que las usemos, a todas horas e impulsivamente, también lo son para los adultos en ámbitos gravísimos, decisivos.
Fijémonos en un detalle relacionado con el fallo del Tribunal Supremo que ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Se ha publicado sin la sentencia que lo fundamenta, parece ser que para evitar filtraciones. Pero sí se ha sabido que la decisión ha sido apoyada por cinco de los siete magistrados del tribunal que juzgó el caso. A partir de ahí, lo normal, lo que al menos debiera defender cualquier cargo institucional y democrático, del presidente del Gobierno hacia abajo, no es solo un respeto rocoso a la decisión, sino una defensa igual de firme del sistema que lo sostiene. La Justicia impartida por tribunales es consustancial a la práctica de las mayorías. De toda la vida. En todos los ordenamientos jurídicos. En decenas de miles de casos. ¿Qué hay más democrático que aceptar que, si de siete magistrados, cinco optan por un criterio, sea ese y no el de los otros dos el que se lleve a efecto? Pues no señor. Las redes, las tertulias y las declaraciones de muchos políticos han utilizado la discrepancia no como un hecho natural, sino para cuestionar el fallo y volver a la polarización y el choque.
Solo por recordar: en democracia, la unanimidad no es la norma, sino la excepción. Ese es su secreto y su virtud. En las dictaduras funciona lo contrario, todo se decide por unanimidad. Lo habitual y lo sano en democracia es discrepar, debatir, respetar y optar por el criterio mayoritario, que se acepta como si hubiese sido unánime. Una ley orgánica votada por la mayoría más uno es exactamente igual de efectiva y obligatoria que otra votada por el cien por cien de los votos. Uno no puede ir a Hacienda y decir que esa subida del IRPF no es justa ni la va a pagar porque no la votó el cien por cien de los diputados en la correspondiente ley de presupuestos…
Sin embargo, nada de ello casa con el esquema de consumo de las plataformas digitales como las que explota Meta, pues en ellas se hipertrofia, vía algoritmos, el sesgo de confirmación que todos tenemos impreso en nuestras redes neuronales y se polarizan las posiciones de los usuarios de modo que de todo, por todo, en todo momento se pueda seguir chocando y discutiendo… Para sacar más clicks, para obtener más dinero, para ordeñarnos una y otra vez. Lo triste es que en ello intervienen de manera especial nuestros dirigentes políticos, que tienen personas (todos, de todas las formaciones) especializadas precisamente en manipular y condicionar nuestro comportamiento con estas herramientas. Por eso me refería al cinismo unas líneas más arriba. Los mismos que legislan contra el uso de Instagram de un adolescente usan si pueden esa plataforma para convertir el debate público en una basura inmunda que ya ha establecido como norma que cualquier partido puede usar todo, el medio que sea, con tal de que no gobierne el adversario.
Sobre el bloqueo de la sociedad Valladolid Alta Velocidad
En otro orden de cosas. Este próximo lunes, se volverá a reunir el consejo de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Asociaciones, sindicatos y movimientos vecinales exigen «luz y taquígrafos» en un acto que puede suponer el inicio de la disolución de la sociedad. Creo que, en efecto, sería muy aconsejable hacer visible todo lo que se produzca en esa reunión si, como parece, puede suponer el principio del fin de dicha sociedad y, por tanto, del plan de integración para el que está prevista. De paso, será bueno que la ciudadanía compruebe que en ese consejo, con la asistencia de una secretaría, se dirime y resuelven cuestiones de gran importancia para la ciudad, de gran coste, desde esquemas profesionales y tasados desde el punto de vista empresarial. Es una empresa pública, con accionistas institucionales, pero una empresa al fin y al cabo, y se debe a unos objetivos y en su seno no caben ni el lenguaje ni los códigos de conducta ni los argumentos de un pleno municipal o un parlamento. La política queda fuera: allí hay cuentas, no cuentos, que saldar. Ojalá los socios sean capaces, al menos, de sacar adelante lo que está previsto, pactado y presupuestado, que es el plan de integración y no arruinen el horizonte de la ciudad con bloqueos que no llevan a ninguna parte.
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