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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control en el Pleno del Congreso. Fernando Alvarado-Efe
Sánchez frente a Sánchez

Sánchez frente a Sánchez

La crisis catalana está sujeta al escrutinio ciudadano, a lo que las elecciones determinen en España y Cataluña

El Norte

Valladolid

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Jueves, 13 de diciembre 2018, 09:02

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Pedro Sánchez expuso ayer en el Congreso la posición de su Gobierno ante el momento que atraviesa la crisis catalana. El presidente advirtió que actuará política y legalmente contra las instituciones de la Generalitat si estas vuelven a desbordar el marco constitucional, al tiempo que abogaba por el diálogo y el entendimiento entre los poderes centrales y los autonómicos. Ni la rotundidad con que quiso expresarse el mandatario socialista ni la solemnidad que concedió a su intervención lograron conmover a quienes iba dirigido su mensaje: el independentismo gobernante y la oposición de PP y Ciudadanos. Quim Torra emplazó a Sánchez a que eche mano «de la política y no de la Policía», sin retractarse de la confrontación y el desconcierto provocados en los últimos días por su actitud. Pablo Casado y Albert Rivera, por su parte, se mostraron implacables contra lo que consideran una inacción connivente por parte del presidente hacia sus compañeros de viaje en la moción de censura, y reclamaron la inmediata aplicación del 155. La estabilidad institucional y la concordia social aconsejan siempre que los litigios políticos y hasta las divergencias más irresolubles se afronten apurando las posibilidades del diálogo. Especialmente cuando, en un sistema democrático, toda una comunidad puede verse injustamente afectada por los despropósitos de sus gobernantes. Pero la justa apelación al entendimiento puede derivar en ingenuidad e incluso en irresponsabilidad por parte del Gobierno si el unilateralismo rupturista persiste como inercia de fondo de esa parte del independentismo catalán que está al timón del poder autonómico. La naturaleza pendular del secesionismo que ocupa la Generalitat por mayoría, pero no la gobierna, eterniza la diatriba sobre el grado de exigencia constitucionalista con que ha de tratarse su deriva, en qué medida los poderes del Estado han de adelantarse a los acontecimientos, y hasta qué punto deben esperar a que la legalidad sea vulnerada materialmente para intervenir. Claro que la discusión sobre la defensa más consecuente de los valores democráticos y su ejercicio más efectivo está mediatizada por intereses partidarios y hasta grupales. Si el problema fuese otro, cabría proceder a la evaluación objetiva de los resultados de una u otra política. Pero la crisis catalana hace referencia a la voluntad política de los ciudadanos; y por ello su tratamiento está directamente sujeto al escrutinio social, como demostraron las autonómicas andaluzas. Serán las elecciones, en el conjunto de España y en Cataluña, las que digan la última palabra al respecto. Elecciones que no puede postergar Pedro Sánchez a la espera de que la peripecia catalana le acabe dando la razón.

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