Detenidos dos altos cargos de la Generalitat por su relación con el censo del referéndum

Protesta de los trabajadores del Centro de Telecomunicaciones durante los registros. / EFE

El juez investiga si el anterior Gobierno catalán obtuvo de manera ilegal la lista de electores, propiedad de la Administración central

CRISTIAN REINOBarcelona

Dos altos cargos de la Generalitat, el director del Idescat, el organismo estadístico de la administración catalana, y el jefe del gabinete técnico de la consejería de Economía, fueron detenidos este martes en el marco de una nueva macro operación policial relacionada con la causa del 1-O.

En concreto, los registros policiales llevados a cabo a instancias del juzgado barcelonés que instruye el caso, el número 13, se realizaron en la Consejería de Economía, el Idescat, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y la sede de la Generalitat donde se controlan los certificados de envío de correos, que se encuentra alojada en el edificio de Mediapro (pero en ningún caso eran diligencias vinculadas con la empresa, según fuentes judiciales). Los agentes buscaban pruebas sobre el origen del censo electoral utilizado en el referéndum.

Las urnas y el listado de electores fueron dos de los secretos mejor guardados por el anterior ejecutivo catalán en el proceso de organización del referéndum. Cómo se obtuvo y quién elaboró el censo siguen siendo dos de las incógnitas no despejadas hasta la fecha sobre la trama del 1-O, en la que el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha imputado a una cuarentena de personas, al margen de los procesados por el Supremo. Los investigadores sospechan que la obtención del censo del referéndum se hizo de forma ilegal por parte del anterior Ejecutivo catalán, en tanto en cuanto la lista de participantes para unas elecciones es propiedad de la administración central y ésta no se la facilitó al Gobierno catalán para la organización del referéndum, que el Constitucional declaró contrario a la ley.

El detenido de mayor rango en la operación de este martes es Frederic Udina, director del Idescat. La Policía española ya registró la sede del Instituto de Estadística de Cataluña el pasado 5 de diciembre y la intervención de este martes fue una continuación. Los investigadores creen que este organismo cedió sus ficheros al Gobierno catalán para confeccionar el censo del 1-O, lo cual podría constituir un delito de revelación de secretos. Así, se sospecha que el Idescat cedió los datos personales de los ficheros del Registro de Población de Cataluña al departamento de Vicepresidencia y Economía para elaborar el censo de votantes, extremo para el que no está autorizado.

En la agenda 'Moleskine' intervenida a Josep Maria Jové (exnúmero dos del entonces vicepresidente Oriol Junqueras) se detallaba una reunión con Udina con el objetivo de abordar la obtención de los datos necesarios para elaborar el censo. Horas antes del inicio de la jornada del referéndum del 1-O, el Gobierno catalán sorprendió con el anuncio de que los 5,3 millones de catalanes llamados a participar en la consulta ilegal podrían votar en cualquier colegio a través de un «censo universal».

Seis horas de registro

El otro detenido es el jefe del gabinete técnico de la Consejería de Economía, Daniel Gimeno, que es quien habría recibido el fichero del Idescat. El alto cargo de Economía fue arrestado tras un registro de seis horas de la Policía Nacional en la sede de la Consejería que la pasada legislatura lideró Oriol Junqueras y ahora lo hace el también republicano Pere Aragonés, quien igualmente ejerce de vicrepresidente. Las fuerzas policiales se centraron en el registro del ordenador de Gimeno, que al final de la operación fue conducido a comisaría para prestar declaración como detenido. Se da la circunstancia de que el registro que hizo la Policía el 20 de septiembre en esta misma sede derivó en altercados y acabó siendo una de las causas para el procesamiento y encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Este martes, en cambio, nadie se manifestó frente a la sede de Economía.

El Gobierno catalán salió en tromba contra la operación policial y, como acostumbra, la calificó de cortina de humo para tapar la sentencia contra Iñaki Urdangarin. «Viene siendo habitual y un poco lamentable que cada vez que hay una sentencia contra el Gobierno o en este caso contra la monarquía se tape la noticia haciendo el 'show' mediático que comportan los registros», afirmó la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi. El vicepresidente de la Generalitat criticó la «judicialización» de la política catalana y aseguró que el derecho de autodeterminación «nunca» debió llegar a los juzgados.

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