Pedro Sánchez avala a la delegada que habló de indultos y alega que hace falta «empatía»

Pedro Sánchez (i) camina junto a Trudeau. / Dario Ayala (Reuters)

El presidente defiende desde Canadá que la Justicia tiene «su carril» pero que su obligación es hacer política en pro de la convivencia

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERASEnviada especial a Montreal (Canadá)

No se comprometió a conceder, llegado el caso, un indulto a quienes puedan resultar condenados por su participación en el proceso secesionista catalán porque, argumentó, «el Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis», pero Pedro Sánchez no enmendó la plana a Teresa Cunillera, la representante del Ejecutivo en Cataluña. Más bien al contrario. En una rueda de prensa en Montreal, donde se reunió con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente del Gobierno avaló a la política del PSC, que el sábado se confesó «partidaria» de que eventualmente se aplique la medida de gracia a los políticos independentistas.

«La reflexión que trasladó la delegada del Gobierno y yo comparto es que falta empatía; ha habido durante demasiados años un lenguaje grueso de confrontación», dijo. Sánchez subrayó que «lógicamente hay que reivindicar la legalidad», pero también argumentó que la prioridad de su Gobierno es la «convivencia» y reivindicó que para garantizarla hay que estar dispuesto a hacer política y no dejarlo todo en manos de los tribunales.

El jefe del Ejecutivo -que adujo que esa es precisamente la lección que cabe sacar del caso de Canadá y el de Quebec, donde el apoyo a la independencia roza mínimos históricos- esgrimió que su actitud ya ha generado resultados con la vuelta de las reuniones bilaterales Generalitat-Estado. «El carril de la Justicia tiene su recorrido, pero la responsabilidad de este Gobierno es responder de manera política», reiteró tras reclamar la colaboración de la oposición.

Apuesta arriesgada

En vísperas del 1 de octubre y de las movilizaciones previstas en Cataluña, el Gobierno ha decidido dar pues un paso arriesgado. No son sólo estas palabras de Sánchez. En su afán por rebajar la tensión -y por facilitar un escenario de diálogo que también favorecería en última instancia la aprobación de los Presupuestos- la vicepresidenta, Carmen Calvo, se sumó este domingo a quienes desde el Gobierno se han atrevido a hacer evidente estos días su incomodidad con el hecho de que los imputados por el proceso secesionista permanezcan en prisión provisional, una medida de carácter excepcional y con criterios muy tasados en el garantista sistema judicial español.

Calvo defendió, en una entrevista en 'La Vanguardia', que sería «lógico» que el juez decidiera modificar la situación de los imputados por rebelión o sedición en caso de que la apertura del juicio oral quede, como parece que ocurrirá, para el año próximo. «Que estén en prisión no ayuda», adujo. Tanto el titular de Exteriores, Josep Borrell, como la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ya alegaron hace unos días algo semejante y es un sentimiento generalizado entre los socialistas.

En el PSOE entienden que la situación actual alimenta el victimismo del mundo secesionista. Y argumentan que hay formas menos restrictivas de evitar la fuga o la reiteración delictiva.

La postura del Ejecutivo, que despertó la reacción airada tanto del PP como de Ciudadanos, obtuvo en cambio la que probablemente ha sido la respuesta más positiva del secesionismo a los gestos e intentos de deshielo de Sánchez. El portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, afirmó que se trata de «la aproximación más valiente» realzada hasta ahora por el Ejecutivo. «Acepta que la prisión es injustificada y que no tiene razón de ser», se felicitó.

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