Un país en funciones sin fecha de caducidad

Un país en funciones sin fecha de caducidad

La incapacidad del PSOE y Unidas Podemos para cerrar un acuerdo aviva los fantasma de 2016. Si antes del 23 de septiembre Sánchez no es reelegido, habrá elecciones en otoño y se prolongará 'sine die' la interinidad del Gobierno

María Eugenia Alonso
MARÍA EUGENIA ALONSOMadrid

El reloj sigue imparable su camino. Queda poco menos de un mes –23 de septiembre– para que el Rey disuelva las Cortes y los ciudadanos tengan que volver a pasar por las urnas y España sigue instalada en el bloqueo político. El efecto combinado de un Congreso cada vez más fragmentado y la incapacidad manifiesta de los partidos para alcanzar acuerdos ha provocado que, casi cuatro meses después del 28-A, el país carezca de un Gobierno con capacidades plenas y que el Parlamento esté paralizado. Es la instantánea de una España en funciones que por el momento no tiene fecha de caducidad.

Tras la abrupta ruptura que el PSOE y Unidas Podemos protagonizaron en la sesión del 25 de julio, que terminó con Pedro Sánchez sufriendo la segunda investidura fallida en tres años, las negociaciones entre ambas fuerzas están rotas y la desconfianza entre socialistas y dirigentes morados es total. Ese día Ferraz cerró la puerta a la coalición, en la que insisten los podemistas, y volvió a emplazar a PP y Ciudadanos para que se abstengan y eche a andar la legislatura.

Sin visos de que ambas fuerzas lleguen a un acuerdo para investir al líder del PSOE, España se acerca al récord de 541 días que estuvo Bélgica con un gobierno provisional. Mariano Rajoy estuvo casi un año en funciones –315 días– y Sánchez lleva más de tres meses –118–. En total, 433 días de interinidad en apenas tres años y medio. Un periodo en el que los españoles han sido convocados tres veces a las urnas y han visto a un Ejecutivo caer por primera vez a través de una moción de censura. En medio de todo eso, el sistema se ha enfrentado además a la mayor crisis institucional desde el golpe de Estado del 23-F por el desafío soberanista en Cataluña.

Y, aunque a pesar de todo, el país no se ha detenido, la sensación de provisionalidad que se vive desde entonces no resulta ni mucho menos inocua. La fragmentación del arco parlamentario y la práctica ausencia de un diálogo transversal entre las fuerzas que lo componen han impedido avanzar lo más mínimo en grandes reformas –se llegó a constituir una comisión para abordar el modelo territorial y cambiar la Constitución– y han abocado a la Cámara baja a una suerte de sequía legislativa.

Parálisis legislativa

En la pasada legislatura, la primera con dos presidentes de distinto color, el Congreso alumbró menos leyes que la media de todas las anteriores. Se aprobaron 36. Muy pocas si se compara con la X Legislatura, en la que se sacaron adelante 173. Del Parlamento han emanado, entre otras normas, la de autónomos, una de protección de datos, otra que asegura el voto a los discapacitados y dos reformas de la ley del Poder Judicial –para incluir las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género y para reajustar las vacaciones y permisos de jueces y magistrados–, además de la transposición de un puñado de directivas europeas.

La repetición electoral en 2016 hizo que ese año fuera el menos productivo de los últimos 37 al dejar la cuenta legislativa a cero. Una tendencia que se mantuvo en 2017, cuando sólo se aprobaron 13 normas. Fue el año con menos leyes nuevas desde 1982. Solo en 2004 y 2008 –con siete y seis normas, respectivamente–, cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones, España vivió años legislativos más pobres. 2018 se saldó con 16 leyes y en el año en curso sólo se han alumbrado ocho normas frente a las 64 que salieron adelante en 2015, antes de la irrupción de Podemos y Ciudadanos.

El desembarco de los nuevos partidos hizo saltar por los aires un sistema político tradicional muy acostumbrado al juego de mayorías: el Ejecutivo elaboraba leyes y las mayorías parlamentarias las aprobaban con pequeñas enmiendas de los nacionalistas si sus votos eran necesarios. Ese escenario ya no existe. En la actualidad, los grupos parlamentarios compiten por presentar multitud de iniciativas aunque muy pocas ven la luz. El Gobierno de Rajoy convirtió los vetos presupuestarios en una fórmula recurrente –los usó más de medio centenar de veces– para impedir las iniciativas legislativas de la oposición. Una actitud que le reprochó el Tribunal Constitucional en distintas ocasiones al considerar que para poder ejercer su derecho a veto, debía justificarlo con detalle.

Pero el veto no ha sido la única arma utilizada por el Ejecutivo para legislar ante su debilidad parlamentaria. Desde su llegada a la Moncloa Sánchez ha seguido los pasos de su antecesor y se ha abonado al decreto para desarrollar su acción de gobierno. En estos catorce meses, el jefe del Ejecutivo ha recurrido a este instrumento legislativo, según la Constitución reservado para los casos de «extraordinaria y urgente necesidad», hasta en 35 ocasiones. Rajoy, tras casi siete años de mandato, dejó el cargo habiendo dado el visto bueno a un total de 107 decretos.

De conseguir finalmente los 176 síes que le renueven en el cargo, habrá que ver si Sánchez sigue gobernando a golpe de decreto. De momento, el calendario juega en su contra y el secretario general del PSOE retomará en septiembre los contactos con las formaciones que han mostrado, con mayor o menor entusiasmo, su disposición a allanarle el camino a la Moncloa.

La única vía para el acuerdo sigue siendo amarrar al PNV, al PRC –el voto que tiene asegurado– y a Compromís, además de a Unidas Podemos. Sánchez se verá, sin intermediarios, con sus líderes Andoni Ortuzar, Miguel Ángel Revilla y Pablo Iglesias –con Mónica Oltra ya lo hizo en julio–. Es la última oportunidad de alcanzar un acuerdo para evitar una repetición electoral el 10 de noviembre que nadie dice querer pero que, ante el atrincheramiento de posiciones, cada día resulta más probable.

La ley permite al Gobierno aplicar el artículo 155 aun en interinidad

Si Pedro Sánchez no logra desencallar las negociaciones para amarrar los 176 votos que necesita para ser investido, España seguirá empantanada en el limbo de un Gobierno en funciones. Un Ejecutivo que, mientras dure el periodo de interinidad, tendrá las manos atadas para tomar decisiones, excepto algunas salvedades como la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de que sea necesario.

Desde hace cuatro meses, el Gabinete socialista se mantiene a medio gas, sin más capacidad que la administración de los asuntos ordinarios –el día a día– porque carece de competencias para adoptar iniciativas políticas o impulsar leyes, salvo en casos de urgencia manifiesta o razones de interés general. Puede aprobar reales decretos leyes. Eso sí, el Congreso debe convalidarlos en un plazo de treinta días.

Según la Ley del Gobierno, el Ejecutivo tampoco puede abordar la convocatoria de referendos y consultas, plantear las cuestiones de confianza o proponer al Rey la disolución de las Cortes. Carece, además, de la potestad para elaborar Presupuestos, lo que puede convertir a las cuentas que diseñó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para el 2018 en las más longevas de la democracia. Sí está obligado a adoptar, en todo caso, las medidas ordinarias necesarias para evitar la parálisis de la Administración y de los servicios públicos.

Sánchez tampoco puede nombrar nuevos ministros, así que cuando Meritxell Batet fue elegida presidenta del Congreso, el titular de Agricultura, Luis Planas, tuvo que añadir el Ministerio de Política Territorial a sus responsabilidades. En noviembre puede ocurrir algo semejante con la cartera de Exteriores, cuando Josep Borrell se vaya para ocupar el puesto de Alto Representante para la Política Exterior y la Defensa de la Unión Europea.

Aunque la capacidad de maniobra del Gobierno en estos momentos está muy limitada, esto no le impediría en absoluto poder actuar ante un nuevo desafío independentista. Si los soberanistas cumplen sus amenazas y tras conocerse la sentencia del 'procés' –prevista, inicialmente, en el Tribunal Supremo para septiembre– continúan adelante con sus envites al Estado, el Ejecutivo de Sánchez tendría plenas facultades para adoptar las medidas contempladas en el artículo 155 de la Carta Magna. Estas medidas, en cualquier caso, requieren de la autorización de la mayoría absoluta del Senado.