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El ministro de Exteriores, Josep Borrell, con el senador socialista José Montilla. J. P. Gandul-Efe
Una medida indeseada

Una medida indeseada

La retirada del estatus diplomático a la delegación de Flandes agudiza el conflicto con Bélgica por el 'procés'

EL NORTE

Valladolid

Jueves, 1 de enero 1970

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La decisión del Gobierno español de retirar el estatus diplomático a la delegación de Flandes en Madrid llevó ayer al ministro-presidente de aquella región, Geert Bourgeois, a requerir del titular de Exteriores belga, Didier Reynders, que convocase a la embajadora de España en Bruselas. Una petición que fue desatendida.

La corriente de simpatía de responsables institucionales de Flandes hacia el independentismo catalán se ha hecho patente en sucesivas declaraciones públicas del presidente de su Parlamento autónomo, Jan Peumans. La última, con motivo de una exposición sobre el 'procés' inaugurada en la Cámara flamenca con Carles Puigdemont de invitado. Tanto Peumans como Bourgeois han asistido a actos oficiales con un lazo amarillo en sus solapas. Por eso resulta sarcástico que este último califique la decisión del Gobierno español como «acto muy hostil», mientras Peumans ha llegado al extremo de cuestionar que nuestro país cumpla con los estándares democráticos que se requieren para formar parte de la UE.

Nunca es bueno escalar una dinámica de confrontación diplomática entre instancias pertenecientes a dos países aliados y miembros de la Unión. Pero la normalidad en las relaciones ha de basarse en el reconocimiento y el respeto mutuos; en la cooperación y en ningún caso en la injerencia, sobre todo si cuestiona el principio de soberanía y la naturaleza democrática de otro socio de la UE.

Imaginemos por un momento qué ocurriría si el presidente de la Generalitat y el del Parlamento catalán se pronunciasen a favor del supuesto 'derecho' de Flandes a separarse del resto de Bélgica. O que hicieran lo propio con respecto a otras regiones europeas, llegando a tomar partido desde la tribuna institucional frente a resoluciones judiciales dictadas en otros países sobre sus nacionales. Se daría una situación insostenible, que contravendría los fundamentos de la UE desde el momento en que la Generalitat es Estado, como las instituciones de Flandes lo son también para el Reino de Bélgica.

Es seguro que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y el presidente Sánchez no deseaban tener que retirar el estatus diplomático a la delegación de Flandes en España. Pero los intereses de los ciudadanos, empresas y provincias flamencas siguen representados por la Embajada belga en Madrid, como se encargó de señalar el ministro de Exteriores de Bélgica.

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