Investigan a una jueza por echar las cartas en su piso y repartir octavillas anunciando sus servicios

Según informa El Progreso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está estudiando a la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, María Jesús García Pérez porque se sospecha que tiene una doble vida como vidente.

La jueza, que fue asignada al juzgado de Lugo en septiembre de 2016, ya había dejado apuntes de su particular comportamiento en otros destinos: en Santander fue sancionada por el Consejo Genereal del Poder Judicial (CGPJ) con 3.000 euros por una entrevista mientras era responsable de violencia de género, en la que criticaba este tipo de juzgados, la ley contra la violencia de género y llegaba a cuestionar a las víctimas y a relativizar el problema; los abogados de Santiago de Compostela, por su parte, mostraron reiteradamente sus quejas porque María Jesús García acudía a las vistas con un gato.

Según avanza el periódico El Progreso, en Lugo la jueza ha cruzado otra línea más en su comportamiento. Los rumores empezaron a dispararse cuando ella y el hombre que la acompaña comenzaron a distribuir por locales de hostelería y a dejar en los limpiaparabrisas de los coches aparcados alrededor de la Audiencia Provincial y los juzgados octavillas en las que se anunciaba un servicio de «tarotista y vidente». Se facilitaba un teléfono móvil y un precio «económico».

Lo hacía, según ha comprobado El Progreso, a plena luz del día y sin ocultarse de abogados, procuradores, funcionarios de Justicia, jueces y ciudadanos que acudían por diversos motivos a los juzgados. No obstante, en principio se pensó que se podrían tratar de una actividad de su compañero, que suele acompañarla. No obstante, los rumores pronto empezaron a apuntar que era ella la que echaba las cartas, e incluso algún profesional del mundo de la Justicia se decidió a comprobarlo por sí mismo. Finalmente, El Progreso confirmó sin lugar a dudas que era la jueza la que leía los «arcanos mayores» en un piso, cobrando por ello.

Esta actividad ajena a la judicatura puede causar además serios problemas profesionales a la magistrada. Los jueces tienen el régimen de incompatibilidades más estricto de la administración: solo se autorizan segundas actividades de carácter formativo y, en algunos casos, para la gestión del propio patrimonio.

Ante esta situación el presidente de la Audiencia Provincial se vio obligado a actuar. Envó un escrito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que informaba de que la jueza andaba repartiendo por la calle estas octavillas publicitarias. Ante dicha comunicación, el TSXG decidió incoar diligencias informativas y dar traslado de las mismas al Promotor de Acción Disciplinaria del CGPJ, que es el órgano encargado de estudiar el asunto. De momento, según han explicado desde el servicio de prensa del TSXG, no ha tomado decisión alguna por parte de la oficina del Promotor. No obstante, estas diligencias tienen siempre el carácter de reservadas; una vez se instruyan, será el Promotor el que decida si se archiva o se abre un expediente disciplinario.