El Gobierno amenaza a Torra con enviar a la policía si sigue la inacción de los Mossos

El Gobierno amenaza a Torra con enviar a la policía si sigue la inacción de los Mossos

Calvo asegura que se tomarán medidas para evitar que los CDR actúen sin control en Cataluña pero no prevé, por ahora, aplicar otro 155

MELCHOR SÁIZ-PARDO y PAULA DE LAS HERASMadrid

El Gobierno lanzó ayer un aviso al presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de varios días de escalada de tensión en Cataluña: si prosigue la pasividad de los Mossos ante los disturbios independentistas, el Ejecutivo central enviará a cientos de policías nacionales y guardias civiles para garantizar la seguridad.

La advertencia, en realidad, fue triple. La vicepresidenta Carmen Calvo reprochó por carta al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, su inacción frente a los Comités de Defensa de la República (CDR), que el sábado cortaron durante casi todo el día la AP-7 y el domingo levantaron las barreras de los peajes sin que nadie hiciera nada para impedirlo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Fomento, José Luis Ábalos, enviaron misivas semejantes a sus homólogos, Miquel Buch y Damià Calvet.

Marlaska fue el más tajante: «Se le requiere para que, ante acontecimientos que suponen tan graves alteraciones del orden público y de la seguridad del tráfico, se dicten las instrucciones necesarias a fin de que los Mossos d'Esquadra ejerzan las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente les incumben».

«En caso contrario -avisó el titular de Interior- se ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad». De entrada, Interior ultima ya el envío de ocho grupos de las Unidades de Intervención de la Policía Nacional (UIP) con 400 agentes para garantizar la seguridad durante la reunión del Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona.

La reacción gubernamental no se agotará ahí. Calvo, en su carta a Aragonès, pide explicaciones ante la «dejación de las funciones que tiene atribuidas» la Generalitat y le avisa de que evaluará «los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido» sin perjuicio de «otros requerimientos sobre actos concretos y sus posibles responsabilidades».

La portavoz del comité electoral del PSOE, Esther Peña, aseguró que si se dan las circunstancias a su partido «no le va a temblar la mano» para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, como reclaman PP y Ciudadanos, para intervenir la autonomía. Pero en el Ejecutivo rechazan, por el momento, ir tan lejos y mantienen una puerta abierta al diálogo. «Es la última medida a la que hay que llegar», dijo de manera explícita la vicepresidenta.

El cariz que están tomando los acontecimientos ha puesto muy alerta a los socialistas. No son solo los CDR, y la amenaza de la huelga general el día 21, es sobre todo la dinámica en la que ha entrado el propio Torra, consintiendo e incluso alentando las actuaciones de estos grupos radicales. La llamada del presidente de la Generalitat y del exconsejero Toni Comín para emprender la vía eslovena (una declaración unilateral de independencia respaldada en un referéndum que derivó en una guerra de diez días con 63 muertos) es la guinda del pastel, aunque, de momento, Pedro Sánchez ha optado por minimizarla.

«Irresponsabilidad absoluta»

Si el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tildó el domingo de «iluminado» al presidente catalán por echar mano de esa referencia, Calvo le acusó ayer de cruzar «una línea de irresponsabilidad absoluta». Pero el Gobierno cree que es una bravuconada. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, de hecho, adujo en Radio Euskadi que hasta ahora solo ha habido un «discurso inflamado y una retórica que el propio Torra debería desarmar para poner razón donde ha habido un exceso de emoción». Incluso el ministro de Exteriores, Josep Borrell, azote del secesionismo, rebajó la importancia de la amenaza. «Lo que cuentan son las acciones», alegó.

Lo que ahora tiene el Ejecutivo socialista en mente, pues, es actuar de manera limitada y concreta para evitar que se vuelvan a producir situaciones que, en palabras de la vicepresidenta, pongan en riesgo «la seguridad y la estabilidad en la convivencia» o que condicionen la libertad de movimiento de los ciudadanos. En el Ministerio del Interior apuntan a dos vías posibles: la aplicación de la Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que permite el despliegue de policías y guardias civiles, y, en último término y antes de un 155, la aplicación de Ley de Defensa Nacional para hacerse cargo del control directo de los Mossos.

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