Las incógnitas judiciales dos años después del referéndum ilegal

Sede del Tribunal Supremo./Alberto Ferreras
Sede del Tribunal Supremo. / Alberto Ferreras

La sentencia del 'procés' responderá a los interrogantes sobre la actuación policial, los heridos o el papel de los Mossos en la consulta

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 dejó un reguero de interrogantes durante el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. «Numerosísimos testigos», declaró el presidente Manuel Marchena en la vista oral, visibilizaron diferentes versiones sobre un mismo hecho. Un cúmulo de contradicciones que la Sala ha sometido durante las deliberaciones «a las reglas generales de valoración de la prueba», según han señalado fuentes del alto tribunal.

Así, la próxima sentencia recogerá el relato de hechos probados que hayan consensuado los siete magistrados. Una resolución que no solo dará respuesta a las incógnitas que dejó el juicio sobre las órdenes policiales, el traslado de las urnas, el número de heridos, el coste de la consulta o el papel de los Mossos aquella maratoniano jornada. También marcará el camino de las múltiples causas diseminadas en juzgados y tribunales de Cataluña y en la Audiencia Nacional sobre los sucesos ocurridos el 1-O.

De la descripción que haga la resolución pende, nada menos, que el futuro procesal de la cúpula de la policía catalana durante el 'procés', encabezada por el mayor Josep Lluís Trapero, a quien la Fiscalía le pide 11 años de prisión por un delito de rebelión, o el controvertido uso de la fuerza ordenado por los mandos policiales, bajo la batuta del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El uzgado de Instrucción siete de Barcelona investiga, por ejemplo, a una cuarentena de policías nacionales y guardias civiles que intervinieron en varios puntos de votación de la capital catalana. Los próximos 9 y 11 de octubre declararán ocho inspectores por las órdenes que dieron a sus subordinados el 1-O, en cumplimiento del mandato judicial, no por las actuaciones que éstos llevaron a cabo.

Malversación en la consulta

Del coste de referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que deberá cuantificar la sentencia para sustanciar el delito de malversación de caudales públicos imputado a varios de los encausados, también estará pendiente el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Este órgano propuso juzgar en junio pasado a 30 investigados por la organización de la convocatoria, y uno de los delitos imputados es precisamente malversación.

Del relato que haga el tribunal del 1-O también está en juego la credibilidad de varios de los protagonistas del juicio. El coronel De los Cobos, por ejemplo, y el exjefe de los Mossos Ferrán López entraron en el cuerpo a cuerpo para defender su versión sobre las órdenes transmitidas, la diligencia o pasividad del cuerpo catalán. Incluso el tribunal denegó un careo entre ambos porque no era imprescindible para esclarecer las contradicciones de los testigos.

 Otra piedra simbólica será el examen judicial sobre los heridos en las cargas policiales. Los peritos de las defensas minimizaron el número de agentes lesionados, 33, mientras que la Fiscalía elevó la cifra a 101. El Ministerio Público también planteó dudas sobre el millar de ciudadanos heridos el 1-O y el responsable del Servicio Catalán de Salud defendió a los profesionales sanitarias y los partes de 1.066 atendidos.

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