Torra combatirá la orden de retirar los lazos amarillos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe

Borrell advierte de que el Estado dispone de mecanismos para hacer cumplir la decisión de la Junta Electoral

CRISTIAN REINO

Desde hace meses, lazos amarillos cuelgan de la fachada del Palau de la Generalitat y de buena parte de las consejerías de la administración catalana. A pesar del ultimátum que la junta electoral central lanzó el lunes al presidente de la Generalitat, los polémicos símbolos que piden la libertad de los presos seguían ayer en la fachada de los edificios de la administración catalana. Nadie dio la orden de retirarlos ni se espera que lo haga en los próximos días.

La Generalitat anunció que dará una respuesta «combativa» al requerimiento de la junta electoral central. De entrada, el Gobierno autonómico presentará alegaciones y con el recurso ganará tiempo antes de tomar una decisión definitiva. «No puede ser que se interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política», afirmó ayer la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi.

El Palau de la Generalitat tiene de plazo hasta hoy para mover ficha. La junta electoral dio el lunes un plazo máximo de 48 horas a Torra para que ordene la retirada de «símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos». Si tras el recurso de la Generalitat, el alto tribunal desestima la alegación y el Govern insiste en no descolgar los lazos amarillos, podría incurrir en un delito de desobediencia. Aunque en un primer momento se le abra un expediente administrativo.

Mientras, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, advirtió este martes al presidente de la Generalitat de que el Estado tiene «instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones». En primer lugar, la no retirada podría acarrear multas de hasta 30.000 euros. Pero la decisión de mantener los lazos podría incluso provocar la inhabilitación de Quim Torra. Fuentes de la junta electoral recordaron el caso de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, condenada a una inhabilitación de seis meses por negarse a quitar la 'estelada' de la fachada del consistorio durante la campaña electoral de 2015.

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