El Gobierno de Torra lleva a Hacienda a los tribunales por una deuda de 1.317 millones

. El presidente de la Generalitat, Quim Torra y la consellera de presidencia y portavoz Meritxell Budó. / Efe

Aunque el problema afecta a varias autonomías, el independentismo pretende utilizarlo para recomponer su unidad

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

El Gobierno de Quim Torra hizo este martes realidad su amenaza de llevar al Estado español a los tribunales y ordenó a sus servicios jurídicos iniciar los trámites para entablar un conflicto contencioso-administrativo contra Hacienda para reclamar el pago de 1.317 millones de euros en concepto de financiación autonómica retenida.

La portavoz de la Generalitat evitó enmarcar este nuevo frente de conflicto en el pulso permanente que mantiene el Ejecutivo independentista con todas las instancias estatales españolas, pero es indudable que sin ese clima de confrontación hubiera dado este paso. De hecho, Cataluña es la única autonomía que ha optado por la vía judicial para reclamar el pago de esos fondos.

Hacienda adeuda a trece comunidades del régimen común de financiación en torno a los 6.000 millones de euros. Todas han reclamado el pago, pero ninguna ha optado por recurrir a los tribunales, si bien la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, no lo ha descartado.

La consejera Meritxell Budó denunció que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez «incumple» sus responsabilidades porque, aunque esté en funciones, tiene la obligación de entregar a las comunidades sumas a cuenta de la ulterior recaudación fiscal en sus territorios.

La situación financiera de la Generalitat de Cataluña es desesperada desde hace varios años, y el vicepresidente, Pere Aragonès, cuando anunció hace una semana que iban a emprender acciones legales contra el Estado español, admitió que por culpa de los impagos de Hacienda debería imponer un nuevo programa de recortes en el gasto del 6%. No especificó qué áreas se verían afectadas pero garantizó que los servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales) así como el sueldo de los funcionarios quedarán exentos.

Una forma de asegurarse la paz social este otoño, un momento clave en la respuesta de los independentistas a la sentencia que imponga el Tribunal Supremo a los líderes que han sido enjuiciados por rebelión, sedición y desobediencia. Torra ya ha anunciado que habrá una respuesta en la calle a la decisión de los jueces y ha reclamado la unidad de las fuerzas soberanistas, más enfrentadas que nunca desde que hace siete años comenzara el 'procés'.

El pleito contra Hacienda, pieza fundamental del «España ens roba» del imaginario independentista, puede contribuir a limar asperezas en el mundo soberanista. Aunque en realidad el problema de Cataluña con la administración central también lo tienen, por ejemplo, en Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, solo que su reacción ha sido la más estridente y, por ahora, sin aliados en otros territorios.

Abogacía del Estado

La portavoz de la Generalitat explicó que Hacienda adeuda 874 millones de euros por la mejora de la recaudación fiscal en 2019, y 443 millones de la liquidación del IVA de 2017. El Gobierno de Sánchez, pertrechado con un informe de la Abogacía del Estado, argumenta que no puede hacer esos desembolsos económicos porque se encuentra en funciones y tampoco tiene presupuesto para este año ya que su proyecto fue rechazado en el Congreso por la oposición de PP y Ciudadanos junto a los independentistas catalanes.

Un argumento que para el Gobierno de Torra es inadmisible porque «los ingresos solicitados son acción de administración ordinaria y legalmente exigibles a un Gobierno en funciones», según la consejera Budó. Un criterio que comparten algunas administraciones gobernadas por el PP, aunque ninguna ha optado por la vía judicial para cobrar las deudas. Castilla y León, Madrid y Galicia, no obstante, estudian qué medidas legales pueden tomar para cobrar.

Desde las autonomías regidas por los socialistas asimismo se ha reclamado el pago, pero apuestan por buscar con Hacienda una fórmula para desbloquear los adelantos a cuenta de la recaudación. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, sintetizó en su respuesta al Gobierno de Torra la posición de los gobernantes del PSOE: «No cuente con nosotros para rebeliones».

Ha contactado con otras comunidades que también lo harán pero no de forma conjunta

En respuesta a los periodistas, ha explicado que el Govern no prevé realizar una acción legal conjunta con ellas, pero ha desvelado que sí ha habido «comunicación» entre las comunidades afectadas y que desde Castilla y León y desde Galicia se les ha explicado que también prevén optar por la vía legal.

El Govern cifra la deuda que reclama al Estado en 1.317 millones, una cantidad que procede de la mejor recaudación de 2019 --874 millones--, pero también de una parte del IVA de 2017 que «se tenía que liquidar este año», que asciende a 443 millones.

Preguntada por el informe de la Abogacía del Estado que esgrime el Gobierno para no hacer efectivos los anticipos, ha explicado que no se les ha «facilitado», que sabe que el grupo del PP en el Congreso lo ha pedido y que los diputados de ERC y JxCat en la Cámara Baja también lo han hecho.

El contencioso

Budó ha relatado que el paso que da este martes el Govern con la aprobación de emprender medidas legales, era un paso previo «necesario» para poder presentar el contencioso administrativo contra el Estado.

La consejera ha explicado que ya hay un informe de la asesoría jurídica de la Generalitat que pone de manifiesto los puntos legales en que se basará el contencioso administrativo que presentarán «en los próximos días» y que refuta la alegación del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Así, el contencioso se basará en que «en ningún caso los anticipos pueden ser considerados como partidas de gasto de la administración general del Estado afectadas por la situación de prórroga presupuestaria».

El Ejecutivo catalán entiende que se trata de ingresos de las comunidades autónomas y la titularidad de estos deriva de unas normas con carácter de ley aprobadas por las comisiones bilaterales.

El contencioso se basará también en que los anticipos se constituyen en base a los principios de garantía de suficiencia financiera para atender al cumplimiento de las obligaciones que se quieren prestar «imperativamente» a las comunidades autónomas.

«Por ese motivo, los anticipos no tienen constatación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y por tanto se entienden como un acto administrativo», ha puntualizado Budó.

Ha recordado que, pese a que no se aprobaron los PGE, sí se realizó la elaboración del proyecto de ley de los PGE, que es donde se realiza la estimación de esos anticipos.