El Gobierno pide ya la extradición de 'Ternera' para frenar su excarcelación

La portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Celaá. / Europa Press

La primera reclamación de entrega es por el atentado del cuartel de Zaragoza, pero le seguirán otros tres expedientes

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

El Consejo de Ministros activa toda la maquinaria judicial y diplomática para conseguir la entrega a España del exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', y evitar que Francia pueda ponerle en libertad. El Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de Justicia, Dolores Delgado, aprobó este viernes, como primer paso de esa ofensiva, reclamar su extradición por el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza el 11 de diciembre de 1987 y que provocó 11 muertos y 88 heridos.

El Ejecutivo espera que esta primera petición bloqueé definitivamente la posibilidad de que Francia ponga en libertad provisional al histórico terrorista, que se encuentra en prisión desde que el pasado 16 de mayo fuera capturado gracias a una investigación de la Guardia Civil en Sallanches, en los Alpes franceses, tras 17 años de fuga.

Esta primera petición ya tramitada parte del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, según explicó tras el Consejo de Ministros la portavoz en funciones del Ejectivo, Isabel Celaá.

Las acusaciones concretas contra 'Josu Ternera' en este sumario que se enviarán a París el próximo lunes en valija diplomática para que sean presentadas por la magistrada de enlace son que el exjefe terrorista, como integrante del comité ejecutivo de la banda en 1987, habría ordenado la colocación de aquel coche-bomba cebado con más de 250 kilos de amonal.

Además del atentado de la capital aragonesa, el Ministerio de Justicia y la Audiencia Nacional preparan ya el dossier para reclamar la extradición de 'Ternera' por una segunda causa, el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta, directivo de la fábrica en Vitoria quien murió tiroteado en las cercanías de su domicilio el 25 de junio de 1980. 'Josu Ternera' está encartado por esos hechos en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, donde se le imputa un delito de asesinato terrorista.

En los casos de Zaragoza y de Hergueta -explicó el Gobierno- no rige el procedimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), el habitual entre los Estados miembros de la Unión Europea y mucho más ágil, ya que la legislación francesa impide recurrir a este instrumento de cooperación comunitario para hechos delictivos anteriores al 1 de noviembre de 1993.

Sí se recurrirá a sendas OEDE para pedir la entrega a España del terrorista por otros dos sumarios genéricos abiertos con posterioridad a 1993. Se trata de la causa del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional en la que están acusados varios dirigentes de ETA de diversas épocas por un delito de lesa humanidad y otra del Juzgado Central de Instrucción 5 por financiación del terrorismo.

Contrarreloj

Según reconocieron fuentes gubernamentales, el Ejecutivo ha trabajado contrarreloj para presentar cuanto antes el primero de los expedientes contra 'Ternera' para evitar que el exjefe etarra pueda ser puesto en libertad, como a punto estuvo de ocurrir el pasado 19 de junio.

Urrutikoetxea tiene pendiente de cumplir una condena en el país vecino de ocho años de cárcel que se le impuso en rebeldía en junio de 2017 por su pertenencia al aparato político de la banda terrorista. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de París decretó su libertad vigilada mediante un dispositivo telemático permanente debido a sus problemas de salud, además de imponerle, como medida cautelar, comparecencias semanales en una comisaría de la capital.

'Ternera', no obstante, volvió a ser enviado a prisión, esta vez con fines de extradición, momentos antes de ser excarcelado después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recordara a las autoridades francesas que estaban en vigor varias órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) contra él. El Gobierno tenía 40 días, que cumplían el próximo 28 de julio, para formalizar la primera de las reclamaciones, pero Justicia, explican fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado, no ha querido esperar.

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