Editorial: Transparencia intelectual

Sorprende el temor que cargos políticos muestran hacia la publicación de los trabajos con los que accedieron a títulos universitarios

Pedro Sánchez y Pablo Casado./AFP
Pedro Sánchez y Pablo Casado. / AFP
El Norte
EL NORTEValladolid

La renuencia de Pedro Sánchez y de Pablo Casado a dar a conocer el contenido de los trabajos que posibilitaron sus títulos universitarios de doctorado y máster, respectivamente, no solo proyecta sombras sobre la solvencia de su trayectoria académica, sino que además sustrae a la opinión pública el conocimiento sobre la producción intelectual de quien preside España y de quien aspira a hacerlo. El problema afecta al conjunto de las personas que están sujetas al escrutinio ciudadano, en tanto que su peripecia académica en la enseñanza superior forma parte de los méritos que los candidatos y cargos públicos exponen para mostrarse merecedores del favor popular o para avalar su nombramiento. En una sociedad cada vez más exigente en cuanto a transparencia pública, no basta con que alguien exhiba un título certificado como motivo para una elección o una designación. Parece imprescindible que despeje todas las dudas al respecto y que dé cuenta de la calidad de sus estudios y conocimientos, especialmente cuando se produce una demanda expresa por parte de fuerzas parlamentarias y agentes sociales. Los candidatos, los electos y los gestores de lo público no pueden mantener oculta una parte de su propio currículo sin levantar sospechas al respecto. Bien porque los títulos y calificaciones que esgriman no cuenten con los requisitos correspondientes, en connivencia con los centros universitarios o con los docentes concernidos; bien porque el resultado de sus investigaciones y trabajos carezca de un interés y de una calidad equiparable a la responsabilidad pública que desempeñen o pretendan alcanzar los titulados. Cuando los principales actores institucionales -desde parlamentarios a ministros, consejeros y presidentes- hacen gala de su disposición a mantenerse cerca de los ciudadanos mediante su exposición en las redes, principalmente en términos de controversia, resulta aun más injustificable que se resistan a dar cuenta puntual de su periplo universitario. Los requisitos de transparencia vigentes en la legislación general y en las normas específicas tratan de asegurar que las instituciones y quienes las integran no se vean enredados en conflictos de interés, prevaricación o cohecho, entre otros tipos delictivos. Pero la credibilidad de esas instituciones depende también de la disposición de sus partícipes a mostrarse como son, con sus méritos y deméritos. Resulta sorprendente el temor que cargos políticos e institucionales de primera fila manifiestan hacia la publicación de lo que redactaron o no fueron capaces de redactar hace cinco o diez años, cuando al tiempo se jactan de los títulos obtenidos por su pericia.

Advertencia a Hungría

El Parlamento Europeo aprobó ayer por amplia mayoría -448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones- la imposición de sanciones a Hungría por no respetar los principios fundamentales de la Unión Europea, lo que podría llegar a dejar al país sin derecho a voto en el Consejo Europeo. Bajo el mandato del primer ministro Viktor Orban, Hungría ha efectuado reformas que merman la independencia del poder judicial, se ha negado a acoger refugiados, ha puesto trabas inaceptables a la libertad de prensa, ha establecido controles a las ONGs y ha atacado la libertad de cátedra. Ya que no parece probable que el Consejo Europeo consiga ratificar por la necesaria unanimidad la sanción propuesta por el Parlamento Europeo, lo deseable es que al menos el Gobierno húngaro se sienta aislado.

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