Editorial: Sánchez, apresurado

Acabar con los aforamientos puede ser un clamor en la sociedad, pero requiere un tratamiento legislativo sosegado y riguroso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez./Sergio Pérez-Reuters
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Sergio Pérez-Reuters

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer ayer su propósito de impulsar una reforma constitucional exprés para «acabar con los aforamientos». Lo hizo en un acto convocado con motivo de sus primeros 100 días en la Moncloa, adelantándose así a la votación de una proposición de Ciudadanos prevista para hoy en el Congreso. La pasada semana la ministra de Justicia, Dolores Delgado, informó en la Cámara baja de que su departamento había encargado un estudio para racionalizar los aforamientos y advirtió de que su eliminación supondría un dificultoso cambio constitucional.

Parece evidente que la pasada semana el Gobierno no tenía intención alguna de proceder a la iniciativa que ayer avanzó el presidente Sánchez. Ahora es de esperar que el Consejo de Ministros del viernes aborde la cuestión, que bosqueje un borrador de anteproyecto, y que dé paso al diálogo y la negociación con los grupos parlamentarios. Acabar con los aforamientos puede ser un clamor en la sociedad española; un clamor por la igualdad efectiva ante la Ley y la Justicia. Pero los términos en los que se pronunció ayer Pedro Sánchez fueron más consecuencia de la premura del presidente por retomar las riendas del momento político que una formulación cuidada de un cambio constitucional ineludible.

El Gobierno no ha detallado el alcance de su intención ni ha explicado por qué no ha propuesto la medida en los 100 días anteriores. No ha precisado si la reforma afectaría a todos los supuestos que hoy se encuentran bajo aforamiento –desde los dirigentes independentistas presos a Pablo Casado por su polémico máster– o solo a algunos. No ha clarificado a qué se refieren sus portavoces informales cuando limitan sus efectos a aquellos supuestos ilícitos en los que incurran los hoy aforados al margen «del ejercicio de su cargo público», cuando lo más escandaloso es que se perpetren desde el poder. Y tampoco se comprende que se dé por supuesto que la normativa autonómica preserve el aforamiento de electos y gobernantes territoriales frente a nada menos que una reforma constitucional.

El mensaje del presidente Sánchez pareció ayer total y definitivo, con «el reto de que los ciudadanos vuelvan a creer en la política». Pero esa fe podría desvanecerse a medida que asomen excepciones y reservas. A medida que se busque, necesariamente, la práctica unanimidad del arco parlamentario, y la letra pequeña del posible acuerdo atienda a una casuística que requeriría un mayor sosiego legislativo.