Editorial: Escalada de tensión

El desafío que ultima el independentismo catalán será una prueba de fuego para el sistema democrático y el futuro de Pedro Sánchez

Editorial: Escalada de tensión
El Norte
EL NORTEValladolid

El otoño caliente que prepara el independentismo catalán pondrá de nuevo a prueba la fortaleza del Estado de Derecho, una vez confirmado que Quim Torra y los suyos carecen de cualquier respeto a la legalidad y están dispuestos a incendiar la convivencia para mantener viva la ensoñación de una república. Con la peligrosa confrontación social azuzada a propósito de los lazos amarillos, el secesionismo ha iniciado una escalada de tensión callejera y política, que aspira a intensificar hasta el extremo en las próximas semanas en un intento de crear un clima irrespirable que fuerce la ruptura con España. En un calendario propicio a la agitación de los sentimientos se suceden fechas con tanta carga simbólica como la Diada y el aniversario del referéndum del 1 de octubre y de la frustrada declaración unilateral de independencia del 27, a la que siguió la aplicación del 155. Es cierto que Torra ha evitado hasta ahora vulneraciones flagrantes de la ley como las que protagonizó el prófugo Puigdemont. Pero también lo es que su 'hoja de ruta' mantiene la secesión como objetivo irrenunciable a corto plazo y que insiste en alcanzarla al margen de las normas que regulan nuestro sistema democrático y de la voluntad mayoritaria de los catalanes. Su enquistamiento en la radicalidad demuestra el desprecio del independentismo a la política de deshielo emprendida por Pedro Sánchez, ya casi agotada y con efectos más estéticos que prácticos. El presidente de la Generalitat prefiere el camino hacia el precipicio que le ha marcado Puigdemont a la mano tendida por el Gobierno. Y confunde el diálogo al que tanto apela con la acrítica admisión de sus exigencias, hasta el punto de limitarlo a cómo se materializa una ruptura que presenta como irremediable: a través de un acuerdo de imposible encaje constitucional o por la vía de los hechos. La desobediencia que se plantea a la eventual sentencia del Supremo sobre el 1-O marcaría un punto de no retorno tras su reciente invitación a «atacar al Estado». Su escalada verbal ha convertido la estéril sucesión de guiños de Sánchez en una implícita advertencia sobre un nuevo 155 si vuelve a quebrar la legalidad y ha obligado al Ejecutivo a elevar el tono tras haber empleado una artillería dialéctica más gruesa con los partidos constitucionalistas que con las bravuconadas de Torra. El desafío al que se enfrenta no ya el Gobierno, sino el sistema democrático, aconseja recomponer la unidad que se fraguó entre los principales fuerzas políticas tras la intervención de la autonomía. La deriva del independentismo será una prueba de fuego para Sánchez, cuya supervivencia depende en buena medida de quien es a la vez socio parlamentario y mayúsculo dolor de cabeza.

Pensiones al alza

Los recursos destinados a las pensiones han subido más de un 31% en términos absolutos la última década, y ello por el doble motivo de que hay más beneficiarios y las pensiones han aumentado. La prestación media ha subido a lo largo de la década más de 230 euros al mes, un 31,8%, al pasar de los 725 euros en 2008 a los 956 euros de la actualidad. Estos datos son evidentemente agridulces: el país cumple con sus obligaciones sociales al proporcionar a los pensionistas unas rentas constantemente actualizadas, pero el incesante incremento del gasto, sin conseguir mayores ingresos a través de las cotizaciones o de la fiscalidad, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. No es sostenible un modelo que acumula déficit público mes tras mes, sin que los firmantes del Pacto de Toledo se reúnan con urgencia para estabilizar la situación.

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