Editorial: Confusión entre política y justicia

Editorial: Confusión entre política y justicia

El conflicto está en manos de los magistrados y ellos son los que deben conducirlo al desenlace

El Norte
EL NORTEValladolid

La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de entregar al expresidente de la Generalitat al Estado español que lo reclama solo por el delito de malversación ha sido interpretado por el soberanismo como una declaración de inocencia que alcanzaría al conjunto de los investigados por la tentativa independentista y que obligaría supuestamente a la Fiscalía, que aún debe calificar el caso, a retirar los principales cargos. El vicepresidente de la Generalitat y los abogados de los imputados han mantenido esta tesis y han instado a la acusación pública a que aproveche esta «ocasión de oro». En el mismo sentido, los convocantes de la manifestación del sábado en Barcelona han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que inste a la Fiscalía a retirar cargos contra esos dirigentes y a liberar a los «rehenes políticos». La actitud del tribunal de Schleswig-Holstein no exculpa a Puigdemont: se limita a negar que los hechos relatados por Llarena, que a su juicio en España constituirían un delito de rebelión, fuesen constitutivos en Alemania de un delito de alta traición, la figura homóloga. Es absurdo pretender que una instancia judicial regional y remota pueda enmendar la plana al Tribunal Supremo español. Pero más grave es aún el desenfoque que manifiestan los líderes del independentismo al reclamar al Ejecutivo que dé instrucciones a la Fiscalía para que libere a los detenidos y deje de perseguir a los huidos. Viene al caso rememorar que la ilegítima ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República aprobada en septiembre por el Parlament ya establecía que el presidente de la Generalitat designaría al presidente de Tribunal Supremo de Cataluña. La confusión entre los poderes del Estado es uno de los rasgos característicos de todos los totalitarismos. Y la pretensión de que el presidente Sánchez instruya a la fiscal general del Estado, o al propio Tribunal Supremo, sobre el destino que corresponde a los implicados en el golpe de mano del 1-O indica o una inaceptable deriva autoritaria o el desconocimiento de los grandes principios políticos que rigen en las democracias occidentales. El conflicto está en manos de los jueces y ellos son los que deben conducirlo al desenlace.

Trump y sus aliados

Donald Trump tampoco defraudó a su marcha del Reino Unido, donde ha permanecido cuatro días después de acudir al encuentro de la OTAN. En Bruselas abroncó a sus aliados políticos y militares por el gasto en la defensa de Europa. Entonces, los jefes de Gobierno reunidos, ya bien entrenados, hicieron lo mejor: evitar toda polémica, esperar a que terminara la función y Trump siguiera su viaje, que termina en Finlandia hoy con un encuentro con Vladímir Putin, y delegar en el secretario general de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg. Este dijo comprender la necesidad de incrementar la contribución económica de los Estados europeos a la OTAN y explicó que están en marcha medidas al respecto y, como todo el mundo, debió sentirse aliviado cuando el presidente se fue. Lo dicho por Trump sobre la necesidad de incrementar el gasto militar de la Alianza es exacto y un programa al respecto está en marcha por las vías ordinarias y reglamentarias, no a voces ni riñendo a nadie en público. Pero ayer soltó otra andanada a sus socios europeos: afirmó que la Unión Europea es una «enemiga» de Estados Unidos. Un nuevo ataque injustificado antes de verse con el presidente ruso.

 

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