Editorial: cataluña regresa a la política

El encuentro en la Moncloa entre Sánchez y Torra representa el reconocimiento del fracaso de la ruptura radical

Quim Torra esta mañana en la estación del AVE de Barcelona para viajar a Madrid, donde mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez. /EFE
Quim Torra esta mañana en la estación del AVE de Barcelona para viajar a Madrid, donde mantendrá un encuentro con Pedro Sánchez. / EFE
El Norte
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La visita que hoy realiza el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de todo «sin cortapisas» supone en realidad el fin del 'procés' iniciado por Artur Mas en las elecciones de 2012, materializado el 9-N de 2014, formalizado el 6 y el 7 de septiembre y culminado el 1 de octubre de 2017 con una segunda consulta ilegal que, según el Supremo, dio lugar a graves ilícitos penales. El encuentro en la Moncloa representa el reconocimiento de que en el soberanismo, claramente dividido, ha predominado la actitud pragmática de quienes entienden que la ruptura radical ha fracasado y comprenden que no se puede condenar a la sociedad catalana a la zozobra actual, que ha dañado la convivencia. Ya son muchos los nacionalistas que piensan que su soledad internacional es aterradora, que han actuado con reprobable autoritarismo y que no disfrutan de la necesaria mayoría social. Por ello precisamente, los gestos del independentismo con Sánchez –el apoyo a la moción de censura y el voto a favor de los presupuestos y del consejo de RTVE– representan, pese a los gritos ambientales, un discreto retorno a la legalidad constitucional, esto es, al autonomismo. En cualquier caso, Torra ha querido tantear el terreno que pisa y ha forzado la ratificación de la declaración soberanista de 2015. La respuesta ha sido la que cabía imaginar de un Gobierno democrático: el Consejo de Ministros del viernes acordó recurrir la proclama ante el Constitucional. Torra defenderá hoy, ya lo ha anunciado, el derecho de autodeterminación de Cataluña. Sánchez le responderá que ninguna Constitución democrática del mundo lo incluye, por lo que su reclamación no es atendible, y derivará la conversación hacia la política: Cataluña tiene reclamaciones planteadas que pueden y deben ser negociadas; y está pendiente una reforma del modelo de financiación que, por ahora, el Gobierno revisará mediante encuentros con las autonomías. Y es en este terreno bilateral en el que se debe avanzar para mejorar el clima y recomponer la fractura interna. En el terreno judicial, los tiempos son otros, y los delitos deberán ser juzgados, pero las soluciones políticas dentro del marco constitucional pueden allanar todos los caminos.

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