El Constitucional avisa a Torrent de acciones penales si desobedece

Roger Torrent, presidente del Parlament catalán. / Reuters

El Pleno suspende las últimas resoluciones del Parlament sobre el derecho de autodeterminación y advierte al presidente de la cámara

MATEO BALÍNMadrid

El Tribunal Constitucional ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, con la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales si ignora o elude la resolución aprobada por la corte de garantías sobre la suspensión de varios aspectos de una norma aprobada por la cámara catalana en julio pasado, en la que ratificó el derecho de autodeterminación.

En tres providencias, el Pleno del Constitucional admite a trámite por unanimidad los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno, por lo que suspenden determinados incisos de la resolución aprobada por el Parlament el pasado 25 de julio: la reafirmación de la reprobación del rey, la confirmación del objetivo de la independencia y la de ejercer el derecho de autodeterminación.

El Pleno pide notificar personalmente esta decisión a Roger Torrent, dirigente de ERC, y a los miembros de la Mesa del Parlament, a quienes «se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

También se advierte a Torrent, a los miembros de la Mesa y al secretario general del Parlament de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir» la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015.

Esta sentencia declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del Parlament catalán, del 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre». Asimismo, la corte avisa a los integrantes del órgano de Gobierno del Parlament de su obligación de «abstenerse de realizar» cualquier actuación para dar cumplimiento a la resolución que aprobaron.

El Gobierno acordó el pasado viernes en Consejo de Ministros presentar los incidentes de ejecución contra la resolución del Parlament, que tendrá ahora un plazo de diez días para formular las alegaciones que estime convenientes.