El acusado Forn se queda sin permiso para acudir al pleno del Ayuntamiento de Barcelona

Joaquim Forn, en una imagen de archivo. /Efe
Joaquim Forn, en una imagen de archivo. / Efe

El tribunal del 'procés' alega que no se trata de un trámite extraordinario, en línea con el escrito de la Fiscalía, por riesgo de reiteración delictiva

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

Joaquim Forn, exconsejero catalán de Interior en prisión preventiva por la causa del 'procés', no podrá salir de salir de prisión para asistir este martes al pleno del Ayuntamiento de Barcelona, donde fue elegido concejal por la lista de Junts per Cataluña (JxCat).

El tribunal que ha juzgado la causa del 'procés' ha seguido el criterio de la Fiscalía y ha desestimado en una breve providencia la solicitud de Forn al entender que «el permiso solicitado no reviste el carácter de extraordinario» y ante «la necesidad de preservar los fines del proceso penal, en un momento en que ya ha finalizado el juicio».

El exconsejero de Interior, que se enfrenta a 16 años de prisión por un delito de rebelión, se encuentra en la cárcel de Brians-2, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), a la espera de la sentencia del «procés» después del verano. Forn solicitó asistir este martes al pleno municipal de reparto de cargos de responsabilidad en el consistorio.

Incluso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió que se le autorizara a asistir al pleno «en entendimiento de que se trata del ejercicio de una función que forma parte del estatuto jurídico que le corresponde como miembro de la corporación municipal».

Acudió a la investidura

Forn, que preside además el grupo municipal de JXCat, no está suspendido y en junio el tribunal del 'procés' le autorizó a cumplimentar los trámites para adquirir la condición de concejal y asistir al pleno de investidura.

Sin embargo, en esta ocasión la Sala presidida por Manuel Marchena no le concede ese permiso, como pedía el Ministerio Fiscal, que señaló en un escrito que «no puede ni debe permitirse el retorno de Joaquim Forn a escenarios públicos que permitan operar con los mismos o similares instrumentos jurídicos que los que en su día fueron utilizados para combatir del Estado de derecho y vulnerar la norma constitucional».

«Un permiso penitenciario como el que se solicita pondría en riesgo la vigencia del ordenamiento jurídico en un contexto social y político similar a aquel en el que actuó el investigado y alteraría muy probablemente la convivencia ciudadana», expusieron los fiscales del Supremo.