El Poder Judicial advierte de la «imperiosa obligación» de acatar la sentencia del 'procés'

Lesmes y la fiscal general avanzan la repercusión política del fallo en sus discursos de apertura del año judicial presidido por el Rey

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La sentencia del 'procés' secesionista en Cataluña marcará este otoño la agenda política del país, si finalmente no hay repetición electoral en noviembre, y desde el Poder Judicial ya velan armas ante la previsible desobediencia de los partidos independentistas y sus plataformas civiles.

La apertura del año judicial, el solemne acto que se celebra cada año en el Tribunal Supremo y preside el Rey, sirvió este lunesde escaparate para lanzar los primeros mensajes ante la próxima resolución. Un fallo que se podría conocer antes del 16 de octubre, día en que se cumplen los dos años de prisión preventiva para los líderes de organizaciones civiles acusados, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Una circunstancia que obligaría a una prórroga carcelaria que el tribunal quiere evitar, según señalaron ayer fuentes jurídicas.

Los discursos pronunciados por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, ante Felipe VI y la cúpula judicial tuvieron como innominado receptor a aquellas voces del mundo secesionista que anuncian una desobediencia general contra el Poder Judicial y las instituciones del Estado (el presidente de la Generalitat Quim Torra sugirió este domingo que no acudiría al juicio previsto el 25 y 26 de septiembre por incumplir presuntamente la orden para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, una vista oral en la que se juega su inhabilitación).

Lesmes, y en mayor medida Segarra, reclamaron que se respete la resolución del tribunal de la Sala Segunda (Penal) y recordaron la «imperiosa obligación» de acatarla. El presidente del Consejo General del Poder Judicial volvió a reiterar la necesidad de respetar el Derecho y su independencia «como principio de convivencia de la democracia», mientras que la fiscal general fue más directa y avanzó que «todos» tienen que reconocer la sentencia, «sea cual sea el sentido de la misma».

Segarra añadió que frente a la «extraordinaria gravedad» de los hechos de enjuiciamiento, «la respuesta del sistema judicial ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley». Y defendió, en referencia a las críticas políticas y sociales por el llamado «juicio farsa», que la celebración de la vista oral cumplió «con los más amplios estándares de trasparencia, accesibilidad y garantías para las partes, una afirmación de nuestro Estado de Derecho».

Sobre la sentencia, las fuentes consultadas señalaron que el tribunal no tiene previsto efectuar una lectura pública para dar a conocer la resolución. La razón es que se trata de una práctica que, aunque está recogida en la ley, ha caído en desuso (aunque en los atentados del 11 marzo de 2004 fue así). Además, será un texto de cientos de páginas. «Tardaríamos cuatro días, es algo inabordable», avanzaron las fuentes.

Pero la alternativa de remitirse solo a la parte dispositiva tampoco gusta entre los magistrados. Entienden que al tratarse de un caso único, sin antecedentes ni jurisprudencia, haría falta contextualizarlo y eso solo pasaría por leer fragmentos de la sentencia. Una circunstancia que lo haría incomprensible y arbitrario. «Serían extractos interesados», admitieron las fuentes.

Deliberaciones en trámite

Otro obstáculo viene derivado de la logística de cómo efectuar esa lectura, puesto que existen dos escenarios: uno, que se realice ante las partes, es decir, defensas y acusaciones. Y dos, que se haga venir a Madrid a los doce acusados, nueve de los cuales están en prisión provisional. Un despliegue que los jueces ven innecesario, habida cuenta de que la ley no obliga a notificar la sentencia a los propios acusados directamente, basta con hacerlo a sus abogados o procuradores.

Aunque la unanimidad siempre ha sido una línea roja para el tribunal, las fuentes reconocen que la concurrencia de votos particulares es una posibilidad, por lo que «nada está garantizado hasta el último minuto». Por el momento las deliberaciones siguen el calendario. En agosto, incluso, hubo revisiones no presenciales y los siete magistrados siguieron moldeando la resolución, cuyo ponente será el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

Además del 'procés', la apertura del año judicial estuvo marcada por las críticas de Lesmes al Poder Legislativo por el aplazamiento de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Éste recordó que el mandato del Consejo actual expiró hace nueve meses, sin que el Parlamento haya acometido su renovación, y calificó esta situación de «grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones». «Si se prolonga esta interinidad puede contribuir al descrédito del Consejo», auguró.

En noviembre pasado, el acuerdo al que llegaron PSOE y PP para renovar el Consejo saltó por los aires después de que Marchena, elegido para presidirlo, renunciara de tras conocerse una mensaje de móvil en el que el entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, justificaba a sus compañeros la negociación con lo socialistas y la elección de Marchena para controlar «desde atrás» la Sala Segunda.

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