La trama Gürtel enviaba facturas sin justificar al Ayuntamiento de Madrid

Pese a las «insistentes» llamadas de las empresas, una funcionaria asegura que no se sintió presionada

EFEMADRID

Una funcionaria del Ayuntamiento de Madrid ha afirmado en el juicio a la trama Gürtel que en algunas ocasiones le llegaron facturas de empresas de la red corrupta que debían pagar con un pósit que rezaba "Tramítese", si bien ha dicho que muchas de ellas las retuvo por falta de información.

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La frase del día: "Yo intentaba averiguar y que alguien me documentase y me dijese cómo se había celebrado ese acto, si se había pedido presupuesto, qué criterios se habían seguido... pero no tenía interlocutor", ha explicado la funcionaria en relación a las facturas que llegaban sin justificación al Ayuntamiento y que, al parecer, debían ser abonadas.

El personaje: Lourdes Barrera, subdirectora de la oficina presupuestaria del Área de Empleo y Mujer del Ayuntamiento de Madrid, quien ha explicado que llegó un momento en que esas facturas "empezaban a llegar con más asiduidad" y "siempre de las mismas empresas", algunas de ellas pertenecientes a la red corrupta como el Grupo Rafael, Kilda Producciones Fotográficas o ServiMadrid, ha reconocido.

La anécdota: La jornada de hoy ha sido inusualmente corta y ha durado unas escasas dos horas dado que únicamente estaban previstos los interrogatorios de dos testigos.

Antes de comenzar los mismos, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha comunicado la renuncia de algunos testigos previstos para próximas sesiones y ha exculpado a otra por motivos de salud.

Ni documentación acerca del acto en cuestión ni el pertinente desglose de presupuesto, las facturas llegaban "huérfanas" a la mesa de una funcionaria de la oficina presupuestaria del Área de Empleo y Mujer del Consistorio madrileño, quien ha declarado como testigo en el macrojuicio a la primera época de Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional.

Kilda Producción Fotográficos, ServiMadrid o el Grupo Rafael son algunas de las empresas de la trama a las que, según ha reconocido la testigo, pertenecían las facturas que a partir de un momento dado "empezaban a llegar con más asiduidad" y que incluso a veces eran de eventos que no tenían nada que ver con el empleo ni con la mujer.

Se daba la situación de que, en muchas ocasiones, nadie les daba explicaciones acerca de dichas facturas y que, aunque ella insistía en que le proporcionasen información sobre los eventos que se habían celebrado, muchas veces tenía que acudir a las notas de prensa para ver cómo había transcurrido el acto. "Yo intentaba averiguar y que alguien me documentase y me dijese cómo se había celebrado ese acto, si se había pedido presupuesto, qué criterios se habían seguido... pero no tenía interlocutor", ha explicado.

En alguna ocasión le llamaron desde las empresas reclamando el pago de las facturas y cuando ella pedía información acerca de las mismas la representante de las empresas le remitía a Presidencia. "Me dijo que en Presidencia me explicarían que eso estaba perfectamente procedimentado", ha dicho. En concreto, le remitía a Pedro Rodríguez Pendas, entonces asesor del exconsejero Alberto López Viejo, a quien le llamó "muchas veces" sin éxito, o incluso al mismo López Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia. Pese a las "insistentes" llamadas de las empresas, ha dicho que no se sintió presionada aunque sí que ha reconocido tener constancia de presiones que llegaron desde Viceconsejería de Presidencia, a cargo de López Viejo, hacia sus superiores del gabinete de la Viceconsejería del Área de Empleo y Mujer para que se abonasen algunas facturas.

Aun así ha dicho que siempre tuvieron por seguro que "las facturas que no estaban claras no se iban a tramitar". De hecho, ha dicho que llegaron a retener algunas facturas pero que, sin embargo, luego generalmente las acabaron pagando con el cambio de legislatura, en el año 2007, para "no dejarle nada a los nuevos".

También ha declarado hoy la ex secretaria general de la citada área, quien ha confirmado que en varias ocasiones paralizaron algunas facturas porque el precio era muy elevado, pero que pertenecían a todo tipo de empresas y no únicamente a las que están siendo objeto de enjuiciamiento.