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Mariano Rajoy y Rafael Catalá.
Rajoy y Catalá no tendrán que declarar en el juicio contra Mas por el 9-N

Rajoy y Catalá no tendrán que declarar en el juicio contra Mas por el 9-N

Los abogados de Mas, Ortega y Rigau habían pedido su comparecencia como testigos

Cristian Reino

Miércoles, 11 de enero 2017, 13:11

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tendrán que declarar como testigos en el juicio del 9-N, que sentará en el banquillo a partir del 6 de febrero a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. La comparecencia de Rajoy y Catalá era una petición de la defensa de los acusados, pero los tres jueces que presidirán el juicio han dictado esta mañana un auto en el que considera que no es pertinente su testimonio.

Los abogados de Mas querían que Rajoy aclare por qué afirmó que el 9-N "no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico" y por qué razón en un primer momento le restó toda la trascendencia que ha cogido con el tiempo. El ministro de Justicia, por su parte, aseguró que el Gobierno permitiría "celebrar el proceso de participación si este es un ejercicio ciudadano de libertad de expresión" y calificó el 9-N de "jornada de propaganda política carente de validez".

Para el juez, el sentido y el alcance de las declaraciones públicas sobre la consulta realizada en Cataluña el 9 noviembre 2014 que "hubieren podido realizar ambos en sus respectivas condiciones de presidente del Gobierno y ministro de Justicia son absolutamente ajenas" al objeto de la presente causa. "Razón por la cual procede su inadmisión", remata en una resolución en la que se aborda la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas por las partes para el juicio, firmada por los jueces Jesús María Barrientos, Carlos Ramos Rubio y Eduardo Rodríguez Laplaza.

Quien sí tendrá que testificar, en cambio, es Francesc Homs, diputado del PDeCAT en el Congreso e imputado por la misma causa del 9-N en el Tribunal Supremo.

Mas, Ortega y Rigau serán juzgados por los delitos de desobediencia y prevaricación y se enfrentan a penas de entre 9 y 8 años de inhabilitación.

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