La Guardia Civil llama a más empresarios leoneses a declarar

La operación Púnica ordenada por la Audiencia Nacional sigue abierta en León y en el corto y medio plazo podría haber nuevas intervenciones. Así lo han confirmado mandos de la Guardia Civil quienes no ocultan ya que la operación Púnica cuenta con un calado muy superior al que inicialmente se estimaba.

En concreto las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienden a demostrar que en el entorno de la Diputación Provincial de León se habían creado ramificaciones hastra concretar una trama cuyo fin era recaudar dinero a través de las adjudicaciones públicas.

En esa línea durante los últimos días los agentes de esta unidad, especializada en delitos contra la Administración, han interrogado a nuevos empresarios con el fin de aclarar hasta dónde llegaban los 'tentáculos' de la trama.

Uno de los empresarios citados por los agentes ha confirmado a leonoticias.com que en los últimos días se están investigando considerados que podrían considerarse 'menores', esto es con cuantías próximas a los 30.000 euros e inferiores.

Incluso en esos contratos habría habido mordidas por parte del entramado que en el caso leonés se ha materializado en la detención del presidente de la Diputación Provincial de León, Marcos Martínez, así como la imputación del interventor de la institución provincial, Jesús López, ambos de la máxima confianza de la fallecida Isabel Carrasco.

En esas conversaciones se habla de 'porcentajes' del «8% y10%» y dejan ver que los tratos de favor no eran algo extraño en el seno de la institución provincial.

Hilo conductor

La UCO, cuya labor de investigación aún se extenderá durante semanas, trata de establecer un hilo conductor entre las operaciones realizadas en el ámbito local y aquellas que se realizaban en la capital de España y Valencia.

Por el momento la UCO tiene el 'positivo' en varias de las conversaciones grabadas, esto es ha localizado al empresario implicado en la conversación y cuenta con el reconocimiento del mismo.

El juez de la Audiencia Nacional advierte en los autos de la Operación Púnica que la sospecha de un delito de «negociaciones prohibidas a funcionarios públicos» ha estado presente en gran parte de la actuación.