Una investigación que nace en Suiza, llega a León y que comenzó a fraguarse en enero

De Suiza a León. La recepción, en enero de este año, de una comisión rogatoria de las autoridades suizas, que sospechaban de procesos graves de blanqueo de dinero, fue el origen de la Operación Púnica, que se ha saldado este lunes con medio centenar de detenidos, entre ellos el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez.

Según informa El País, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado inició en enero la investigación, que después paso a liderar de forma coordinada con la Policía Judicial y el grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Las autoridades de Suiza enviaron a España la información de dos personas con cuentas en el país. Se trataría de Francisco Granados y de David Marjaliza. Las cuentas fueron bloqueadas por un presunto delito de blanqueo de capitales. Suiza avisó a España porque, según las leyes helvéticas, estaba obligada a tomar declaración a estos imputados y ante la posibilidad de que movieran el dinero.

Fruto de toda esta operación, la investigación ha ahondado en las personas involucradas en la trama, que ha llegado hasta León, además de las provincias de Madrid, Valencia y Murcia. Todavía no se conoce el grado de conexión entre sí de los representantes políticos implicados.

La trama, según fuentes de la investigación, no tenía como objetivo financiar partidos políticos sino que en la misma se implicaban políticos que únicamente buscaban el lucro personal en muchos de los casos conscientes de que sus carreras políticas llegaban a su fin.

Influencia a todos los niveles

Según fuentes jurídicas, se investiga una trama organizada en los últimos años que utilizaba contratos e influencias para introducirse en la administración pública a todos los niveles: tanto en el ámbito municipal, como en la diputación y en la comunidad autónoma, para conseguir de forma irregular contratos y servicios públicos.

Después, supuestamente blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado societario con la ayuda de empresas que a su vez también les servían para conseguir los contratos y los servicios, contraviniendo la libre competencia.

Las mismas fuentes citadas por la Ser concluyen que se ha constatado cómo modificaban los pliegos de los contratos, en un proceder muy similar al de la trama Gürtel. Los contratos adjudicados y objeto de las pesquisas eran sobre todo del sector servicios, como los de eficiencia energética en varios municipios, según las mismas fuentes, debido a la caída del sector de la construcción.