EE UU amenaza a Nicaragua con sanciones si no cesa la represión

Daniel Ortega (d) da un discurso. /Marvin Recinos (AFP)
Daniel Ortega (d) da un discurso. / Marvin Recinos (AFP)

Ortega reconoce por primera vez el control sobre los paramilitares a los que llama «policías voluntarios»

MERCEDES GALLEGOCorresponsal en Nueva York (EE UU)

La actuación de Daniel Ortega ante las cámaras de la cadena Fox, favorita de Donald Trump, pudo ser de Oscar, pero no convenció. La Casa Blanca emitió ayer el comunicado más duro que se haya divulgado contra la represión que asola Nicaragua, culpando con nombre y apellidos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que amenazó con nuevas sanciones.

No hay ambigüedades ni medias tintas. A diferencia de otros gobiernos, como el de España, que ayer mismo apeló por Twitter «al cese de todo tipo de violencia» y la continuidad del diálogo, a Washington no le importa quemar los puentes con el gobierno nicaragüense. La violencia no viene de todos los lados, sino de uno solo. «El pueblo nicaragüense ha salido a la calle a pedir reformas democráticas», dice, y «estas demandas han sido recibidas con violencia indiscriminada». Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, el martes pasado el balance ascendía en menos de cien días a 446 muertos, 2.830 heridos y 718 desaparecidos.

En la ofensiva de relaciones públicas que ha empuñado Ortega después de reprimir las protestas con un sanguinario ejército paramilitar, el presidente de Nicaragua culpa de la violencia a los partidos de la oposición y a un falso intervencionismo de Washington, que no se atrevió a clamar ante la cadena Fox. La Casa Blanca no tiene dudas: «El presidente Ortega y la vicepresidente Murillo (su esposa) son, en definitiva, los responsables de la parapolicía progubernamental que ha tratado en forma brutal a su propio pueblo».

Fox pudo ser el primer medio independiente en once años en entrevistar al comandante, pero la traca ha seguido y con ella las versiones contradictorias. Si al principio culpaba a la oposición de manejar a ese ejército paramilitar, ayer en Euronews aceptó la evidente coordinación con las fuerzas del estado que la prensa y el pueblo nicaragüense llevan tres meses denunciando. Según esta última versión, los enmascarados que disparan contra civiles desarmados son «policías voluntarios».

Los mismos que siguen patrullando los pueblos y ciudades reprimidos violentamente con artillería de guerra en la semana que precedió al 39 aniversario de la revolución, en el que declaró victoria sobre «los golpistas». Desde entonces la población que participó en las protestas vive escondida, mientras la cacería del gobierno continúa casa por casa y hasta hospital por hospital. Va al menos medio centenar de médicos despedidos de los hospitales públicos por desobedecer las órdenes de no atender a los heridos. Médicos, jubilados, estudiantes y cuántos han demandado reformas democráticas son acusados de terrorismo gracias a una ley aprobada por la Asamblea Nacional en un día.

En la prisa por liquidar las protestas los juzgados de Managua abrieron el domingo para la vista contra Cristhian Fajardo, uno de los líderes del movimiento 19 de abril en Masaya al que se acusa de terrorismo y por el que la fiscalía pide 60 años de prisión. La ciudad de las flores junto al volcán celebraba entonces la normalidad a la fuerza que intenta imponer el gobierno con un grotesco mercadillo que este fin de semana no montaron los artesanos habituales, sino los militantes del Frente Sandinista llevados en autobús que pretendían dar una imagen de normalidad. «Han traído hasta falsos turistas al mirador de Catarina mientras los de aquí seguimos escondidos sin atrevernos a salir», contó Alex Hernández desde su refugio.

La amenaza estadounidense no se ha quedado en palabras. La Casa Blanca dice haber obtenido la devolución de los vehículos donados a la Policía Nacional de Nicaragua que habían sido utilizados para reprimir las protestas y haber puesto fin a las donaciones de equipos que las fuerzas de seguridad de Ortega pudieran usar indebidamente, además de ofrecer 1.5 millones en ayudas a la sociedad civil. Es, sin embargo, la aplicación de sanciones a través de la Ley Magnitsky contra tres de sus altos funcionarios acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos lo que más preocupa al gobierno, porque ha obligado a cambiar la estructura de poder. Francisco Díaz, director en funciones de la Policía Nacional, Fidel Moreno, secretario de la alcaldía de Managua, y Francisco 'Chico' López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional y presidente de empresas estatales, han tenido que delegar sus funciones al bloqueárseles las transacciones bancarias.

Esa es la sombra que se extiende sobre la pareja presidencial y sus ocho hijos, que hasta ahora han disfrutado de una vida cosmopolita marcada por el lujo, la moda y los medios de comunicación, adquiridos masivamente. «¿Qué delito es ese? ¿No tienen derecho a hacer periódicos?», les defendió Ortega ayer en Euronews. «Ah, es porque hacen un periodismo identificado con los esfuerzos que hacemos nosotros por la paz. ¿Eso es malo?».

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