El millón de ocupados, el gran objetivo de Herrera

El presidente se comprometerá a bajar impuestos y revertir parte de los ajustes de los últimos años

El millón de ocupados, el gran objetivo de Herrera
SUSANA ESCRIBANO

Ponga usted que la legislatura que está a punto de arrancar en Castilla y León es un coche y que el aspirante que se someterá a la investidura de la Junta para presidir (por quinta vez) un Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, es el conductor de ese vehículo. Se pone al volante, echa un vistazo al salpicadero para familiarizarse con los mandos, acomoda el asiento y, lo más importante, ajusta el retrovisor. El espejo enfoca, a lo lejos, los años previos a la crisis, desdibujados por ejercicios en los que el trendig topic ha sido la palabra RECORTE.

Herrera planteará en el programa de investidura compromisos que vuelven la mirada, si no a los años de bonanza pura y dura, sí a los del inicio del tijeretazo con medidas como la bajada de impuestos, caso del IRPF en 2016 o de la supresión del tributo que ha sido la bestia negra del presidente de la Junta y de su consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, desde su aplicación en 2012: el céntimo sanitario. Todo orientado hacia un objetivo, el «gran objetivo», que ha cifrado en superar el millón de personas ocupadas.

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Y junto con las medidas de reactivación económica y creación de empleo y la bajada de impuestos, el discurso de investidura de Juan Vicente Herrera incluirá compromisos que suponen la reversión de ajustes de la legislatura anterior y propuestas para pasar la bayeta a los modos de hacer política. Eso que llaman regeneración democrática.

Pasar de 913.300 ocupados a más de un millón

Empleo será uno de los términos que marquen el discurso de investidura de JuanVicente Herrera. Con 201.256 parados registrados en las oficinas del Ecyl en mayo no podía ser de otra manera. Son muchos, pero en el último año han encontrado trabajo uno de cada diez desempleados.Otra cosa es la calidad de ese empleo. Con este panorama, el gran objetivo del programa electoral del PP es que Castilla y León vuelva a superar el millón de personas ocupadas» al finalizar la legislatura. La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año asigna a la comunidad 913.300 personas ocupadas. El margen de mejora es ambicioso. Para ello, Herrera se apoyará en el Diálogo Social y situará como primer acuerdo con sindicatos y empresarios el impulso a una nueva Estrategia Integrada de Empleo para 2016-20. El presupuesto para desarrollar las medidas que contemple será de «al menos 600 millones de euros». Habrá planes de empleo local, joven y de creación de empresas. El objetivo de este último es promover un mínimo de 8.000 en los dos primeros años de legislatura.

Los tributos permitirán al aspirante a la reelección como presidente de la Junta ofrecer una imagen amable tras la implantación, en marzo de 2012, del céntimo sanitario y de los dos primeros impuestos autonómicos, el de vertido de residuos y el de afección medioambiental de la producción eléctrica. El recargo de hidrocarburos morirá en 2016, después de que la Junta decidiera bajarlo en enero de este de 4,8 céntimos en litro (el máximo permitido) a 1,6. Y volverá bajar el IRPF, según recoge el programa del PP y el acuerdo de investidura con Ciudadanos. A eso sumará el compromiso de no implantar a lo largo de los próximos cuatro años ningún otro impuesto autonómico nuevo que pueda afectar a familias, pymes o autónomos

Este es un capítulo por el que en anteriores discursos de investidura ha pasado de refilón Juan Vicente Herrera y que gana peso en esta ocasión, como también los ganaba en el programa electoral del PP. Ese documento incluye la limitación de número de consejeros, de mandatos y de aforamiento. Herrera afronta el examen para gobernar cuatro años más con un experiencia de catorce al frente de la Junta. El acuerdo pactado con Ciudadanos extiende esta limitación a los titulares de las consejerías, que no podrán estar más de ocho años como responsable del mismo departamento. Para eso hay que cambiar la Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León, con lo que entrará en vigor a partir de 2019. Lo mismo ocurrirá con la incompatibilidad que plantea Ciudadanos, y acepta el PP, de que un alcalde de una población de más de 20.000 habitantes no pueda, a la vez, ocupar un escaño en las Cortes. Herrera se comprometerá a «impulsar el debate nacional» para que a nivel estatal cambie la legislación electoral para propiciar la puesta en marcha de listas desbloqueadas o abiertas. El pacto de investidura con Ciudadanos plantea la elección de candidatos mediante primarias y la reducción de gastos electorales y duración de campañas.

El dirigente popular anunciará también los cambios necesarios para que los consejeros y sus directores generales celebren los consejos de dirección por todas las provincias de la comunidad, con reuniones posteriores con colectivos sociales. A lo anterior se une una medida polémica, como es la propuesta de abrir el debate para eliminar escaños en las Cortes.

JuanVicente Herrera introducirá como compromiso un término, el de «suelo mínimo de gasto social», reclamado sin éxito por el PSOEe IU y los sindicatos UGT y CC OO los últimos años. No será tan exigente como lo que plantea la oposición y los agentes sociales, que ligan este gasto a un porcentaje del PIB autonómico, pero el dirigente popular comprometerá destina una cifra «no inferior al 80% del gasto no financiero de las consejería» a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia. El programa popular incluye un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el que prevé una dotación de alrededor de 600 millones de euros.

En este ámbito, el aspirante a la reelección planteará la «recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos», de forma progresiva y de acuerdo con los que marque el Gobierno de la nación. Esta medida figura también en el acuerdo con Cs.

Las metas sanitarias se sitúan en la reducción de listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, a la espera de si Herrera compromete días de demora máximos en general, que sí serán de 30 para pasar por el quirófano en caso de las dolencias de «mayor gravedad». Diez centros de salud nuevos, el final de las obras del Clínico de Salamanca (muy retrasadas) o el Provincial de Zamora, el «impulso» a la reforma del Clínico de Valladolid y el inicio de los hospitales de Palencia y Aranda serán compromisos de una legislatura que hereda de la anterior la promesa incumplida de implantar la receta electrónica. Castilla yLeón va a la cola del país en este proyecto.

Lo primero que abordará quien esté al frente de la Consejería de Educación serán las medidas para luchar contra el abandono escolar temprano y el fracaso escolar. El curso empezará en septiembre con una buena noticia para los padres obligados a dejar a sus niños en Madrugadores o Tardes en el Cole. El copago implantado es la recién acabada legislatura pasará de 26,22 euros al mes por escolar a 20. El balance de becas de los últimos años se cuenta por recorte de número de beneficiarios y cuantías. Herrera comprometerá el refuerzo de las ayudas de comedor y también de las universitarias. En el ámbito de la Universidad, habrá un plan de infraestructuras y la promesa de congelar las tasas el próximo curso y, a partir de este, «en función de la evolución económica».

El futuro Gobierno llevará a las Cortes un proyecto de ley para regular y «mejorar la oferta» de la Red de Protección a las Personas y Familias, que pasará de ser una herramienta de «crisis» a un «instrumento estable de atención social». El próximo Gobierno de Herrera encontrará nada más tomar posesión con varias propuestas (Veasé CC OO o los partidos de oposición) para reformar la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de agilizar la tramitación, ajustar la documentación que se exige y dar cabida a casos al borde de la exclusión que ahora quedan fuera. En paralelo, deberá abordar un apoyo para alquiler de viviendas de personas con recursos muy bajos. Lo que si llevará el presidente todavía en funciones de la Junta en su discurso de investidura es el compromiso de reducir el plazo de tramitación y concesión de una prestación por dependencia de seis a tres meses como máximo y el objetivo de impulsar 11.000 empleos en el sector.

Son proyectos que salpicarán una intevención que pasará, a buen seguro, de la hora y media y marcará el programa de Gobierno que viene.

 

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