«Los pensionistas cobran hoy gracias al ahorro de ZP», defiende Juan Luis Gordo

Las primeras horas de campaña han vestido de largo los doce retos en los que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha resumido los desafíos que ha de encarar el próximo gobierno que salga de las urnas el 20-D para poner solución a los problemas que arrastra la provincia. El cabeza de lista por Segovia a reeditar su escaño en el Congreso, Juan Luis Gordo, ha criticado al Partido Popular por «haber estado desaparecido cuatro años», un periodo «perdido, en el que la provincia no ha aprovechado todo el potencial».

Al bajar al terreno de la propuestas, el también secretario general de los socialistas segovianos anuncia que si el PSOE gana las elecciones, instaurará un ingreso mínimo vital para los que menos tienen, además de derogar la reforma laboral, «causante de gran parte de la precariedad y de la bajada de los salarios». En la provincia, el empobrecimiento medio de la nómina en este cuatrienio ronda los mil euros, ha puesto de relieve Gordo. Además, «el 26% de los segovianos están en una situación extrema» en lo que respecta a la falta de recursos.

En este capítulo, el candidato también apuesta por la elaboración de un nuevo Estatuto del Trabajador que contemple tres tipos de contratos: fijo, eventual y de formación, así como «la supresión del falso becario o del falso autónomo». Otra iniciativa en la cartera del PSOE es la modificación del régimen de la declaración del IVA, que pasaría a ser trimestral en vez de mensual como es ahora, expone el aspirante al Congreso.

Un CIS «con una cocina excesiva»

El candidato esgrime la necesidad de «un cambio» en España encabezado por el Partido Socialista y su iniciativa para instaurar «un nuevo modelo productivo». Juan Luis Gordo ha arremetido contra PP y Ciudadanos por «representar la extrema derecha que aboga por un sistema neoliberal». El PSOE, por su parte, se alza «como la única fuerza política capaz de un cambio total». Además, el que ha sido diputado en este cuatrienio ha reprochado a otras siglas «que dicen que están a la izquierda» que sean «la mejor inversión para la derecha», en alusión velada a Podemos y Unidad Popular. Les acusa de «demagogos, oportunistas y tener posiciones cambiantes que solo contribuyen a consolidar la discriminación de los que menos tienen».

También ha embestido contra la consulta del CIS que le daba entre uno y ningún escaño al PSOE en Segovia. Para el aspirante al Congreso, «es una encuesta más de del circo mediático» que envuelve las campañas. En este caso, el resultado tan desfavorable para los intereses socialistas es fruto de «una cocina excesiva» de los datos, dando a entender la manipulación que hacen los medios oficiales dependientes del Gobierno de la nación.

En cuanto al impulso que parece haber cogido Ciudadanos, Gordo ha reprochado a la 'ilusión naranja' que «solo tiene propuestas etéreas, sin concretar nada para Segovia». Asimismo, a Podemos le achaca el mismo mal además de «su demagogia y humo».

Juan Luis Gordo también ha defendido la sanidad y educación públicas y de calidad y una inyección de recursos destinados a estos servicios básicos. El dinero provendría -según ha especificado- de aumentar los impuestos de la riqueza improductiva y de combatir el fraude fiscal, cuya recaudación seria de unos 10.000 millones de euros.

Discriminación en las contraprestaciones

Frente al argumento de los populares de la herencia recibida de la crisis, Gordo ha aseverado que «hoy los pensionistas están cobrando gracias al ahorro de ZP». En este sentido, el PSOE se compromete a mejorar las pensiones de viudedad para erradicar la «discriminación» que sufren las mujeres a la hora de la contraprestación.

La despoblación, que en la provincia segoviana se agrava en zonas como las de la sierra de Ayllón o la campiña de Santa María la Real de Nieva, también está en la agenda del programa electoral socialista. El cabeza de lista al Parlamento ha incidido en que esta lacra también ha de figurar en la agenda del próximo gobierno y ha hecho hincapié en la necesidad de que esa fuga en los censos sea tratada como un «problema de Estado».