El Gobierno vetará por ley la venta de vivienda pública a fondos 'buitre'

El presidente responde al líder de Podemos que se «protegerá» su «función social» y la Abogacía del Estado acusará en la venta de viviendas de alquiler social en Madrid

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

El Gobierno tiene previsto desarrollar una nueva Ley de Vivienda, aunque sin concretar plazos, que entre otras cosas buscará «garantizar» la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho constitucional a la vivienda en todo el territorio nacional. Asimismo, prevé «poner fin» a la venta de vivienda pública o de protección oficial a los llamados fondos 'buitre'.

Así lo anunció este miércoles el presidente Pedro Sánchez al contestar en el Pleno del Congreso a una pregunta del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Este le reclamó antes que es necesario «acabar con los privilegios de las socimis, sociedades mercantiles que operan en el mercado inmobiliario y que tributan al cero por ciento» por un régimen fiscal especial habilitado en 2009 durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

No fue la única crítica de Iglesias hacia algunos de los actores del sector, pues también arremetió contra «los fondos buitre y grandes tenedores de vivienda», respecto a los cuales pidió al jefe del Ejecutivo que «les obligue de una vez a que las pongan en el mercado». También le demandó que dé competencias a los ayuntamientos para que puedan declarar «determinadas» áreas urbanas como «mercado tensionado» y puedan regular el alquiler, donde observa una «preocupante» subida de precios en grandes ciudades como, por ejemplo, Madrid y Barcelona.

Sánchez prefirió no entrar en detalles y dijo que la nueva ley «protegerá la función social» de la vivienda, «configurando la vivienda social como servicio público». Sí aseveró, no obstante, que al Gobierno «no le va a temblar la mano» para que las administraciones que «abusan» en ese campo «asuman sus responsabilidades políticas y económicas».

Acusar a las administraciones

En este sentido anunció que la Abogacía General del Estado se personará como acusación en la causa penal abierta por la venta a fondos 'buitre' de 5.000 viviendas de alquiler social en Madrid, realizada en la etapa de Ana Botella como alcaldesa y respaldada por la Comunidad también gobernada por el PP. La denuncia inicial la presentó el propio PSOE en 2013, luego fue archivada y finalmente el año pasado fue reabierto el procedimiento por orden de la Audiencia Provincial.

Según la consultora CBRE, inversores institucionales, fondos de inversión y socimis invirtieron 422 millones de euros en 2017 en adquirir viviendas para alquilarlas. Esta cantidad, sin embargo, supone una cuota mínima en el conjunto de las operaciones del mercado (el 3%), pues el 97% de las compraventas de inmuebles las realizaron particulares y pequeñas empresas que explotan menos de 10 unidades en régimen de arrendamiento.

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