La morosidad en las comunidades de vecinos desciende por primera vez desde 2008

La recuperación económica se empezó a notar en 2014, pero hasta el año pasado no se trasladó a uno de los ámbitos más directamente motivados con la crisis y que a más personas ha afectado tanto directamente como, sobre todo, de rebote. Después de siete años de imparable escalada, en 2015 se produjo por fin una reducción en la morosidad que sufren las comunidades de propietarios. Fue una disminución modesta, de poco más del 2%, pero importante por lo que tiene de punto de inflexión.

Nada menos que el 43% de las comunidades sufren este problema, que era algo prácticamente desconocido antes de 2008. Los vecinos deudores solían ser casos puntuales, casi anecdóticos, y los retrasos en los pagos se debían a dos motivos:penuria económica o mala fe. A partir de entonces los morosos pasaron a convertirse en algo habitual en infinidad de bloques de viviendas y el problema afectó a millones de personas, y también de no personas, porque su perfil cambió radicalmente. A los vecinos en situación de necesidad se le unió el moroso bancario.

En la actualidad, el porcentaje de comunidades de propietarios con pagos pendientes por parte de las entidades financieras es del 8,17%, según un estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. El impago por morosidad soportado por las comunidades disminuyó en el ejercicio de 2015 en un 2,3% con respecto al año anterior y el importe se situó en 1.812 millones de euros.

La banca va pagando

En Castilla y León, donde en 2014 se alcanzó el techo de 85 millones, el año pasado descendió a 83 millones de los que casi la quinta parte, 17, los deben los bancos. La morosidad de las entidades financieras ha disminuido el 16,5% en la región, casi dos puntos por encima del retroceso medio en el conjunto de España, donde la banca debe a los particulares 377 millones.

El descenso regional se sustenta exclusivamente en los datos de dos provincias, Salamanca (-10%) y Soria (-33%), ya que las otras siete acumulan la misma cantidad de deuda que un año antes. En el caso de las entidades, la disminución ya se deja notar en la mayoría de provincias, seis, mientras que ni Ávila, ni León, ni Segovia mejoran. Cabe señalar que aunque la morosidad bancaria ha empezado a disminuir, el 48,5% de los inmuebles propiedad de los bancos todavía tienen deudas con es resto de propietarios.

El importe medio de la morosidad que soporta cada comunidad de vecinos asciende, según cálculos realizados por los administradores de fincas, a 1.377 euros.

A pesar de la mejora en los datos, consideran que sería necesario incidir más en aspectos determinados para dar respuesta al problema de la morosidad. Según recuerda Salvador Díez, presidente del Consejo General, han propuesto una nueva «reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que haga posible la afección real (la parte de deuda que va vinculada a las fincas) hasta cinco años, que es el plazo de prescripción normal, para que sea posible que la reclamación se extienda a la parte vencida de la anualidad en curso y los cuatro años anteriores».

La morosidad evoluciona de forma positiva gracias, según el consejo, no solo a la «ligera mejoría económica», sino también a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal solicitada por los administradores de fincas colegiados para que la deuda por morosidad que se pudiese solicitar fuese del año en curso más los tres años anteriores, y que fue aprobada en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

«Con esta modificación de la normativa se han podido reclamar cantidades importantes a las entidades financieras señalaron. No obstante, la morosidad actual es un importante problema financiero para las comunidades de propietarios, que no pueden realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento necesarias por este problema. Además, hay que añadir que el problema de la morosidad enturbia las relaciones vecinales condicionando en ocasiones el normal desarrollo de los asuntos comunitarios».

La venta de los inmuebles con morosidad, alertan, es una fuente de conflicto permanente entre la comunidad de propietarios y el comprador que, en muchas ocasiones, ignora cómo tiene que actuar para conocer si el inmueble que va a adquirir tiene deudas o no.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llama la atención sobre otra situación, de actualidad en los inmuebles donde se van a acometer obras de rehabilitación para pasar la Inspección Técnica de Edificios, o de mejora de la accesibilidad. «En ocasiones, la junta aprueba obras o gastos que se pagan de modo diferido. El obligado al pago es siempre quien sea propietario en el momento en que la cantidad sea exigible», de modo que es importante que antes de entrar en una comunidad el comprador de un piso se informe también sobre «los gastos que puedan estar pendientes». En esos casos se está obligado al pago, aunque como nuevo propietario no se hubiera participado en la votación que dio origen al gasto.