Castilla y León recibirá 4,3 millones de euros adicionales para luchar contra el paro

El consejero Carlos Fernández Carriedo conversa con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio./J. l.-ical
El consejero Carlos Fernández Carriedo conversa con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. / J. l.-ical

La Conferencia Sectorial de Empleo decide el reparto de 71 millones de los Presupuestos de 2018

El Norte
EL NORTEValladolid

Castilla y León votó ayer a favor del reparto de 71 millones de euros para Políticas Activas de Empleo en el seno de la Conferencia Sectorial de esta materia de los que 4,3 corresponden a la comunidad. Según dijo el consejero, Carlos Fernández Carriedo, se ha seguido el mismo criterio de proporcionalidad que en el anterior reparto en el que la región recibió 124 millones más.

En la anterior Conferencia Sectorial se acordó el reparto de los fondos de Políticas Activas de Empleo conforme a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados de 2017. «Hace menos de un mes», dijo al respecto, han entrado en vigor los PGE de este año y había una cantidad añadida de 71 millones que se han repartido ahora entre las comunidades con «los mismos criterios». De este modo, explicó, «a nosotros nos toca la misma proporción que en el reparto anterior, el 6%, que se traduce en 4,3 millones de euros. Ese dinero se suma a los más de 124 millones repartidos en la anterior Conferencia Sectorial, por lo que el montante final traspasado a Castilla y León para luchar contra el desempleo llega a casi los 129 millones de euros.

Y es que, tal y como explicó el consejero, para Castilla y León es fundamental que el nuevo Gobierno mantenga «la igualdad entre todas las comunidades autónomas» de tal manera que el reparto de fondos se haga con criterios objetivos. En este sentido añadió que cualquier reparto de fondo adicional que se disponga se distribuya siempre «sin privilegios y en condiciones de igualdad» para todos los territorios.

En la primera Conferencia Sectorial de Empleo tras el cambio de Gobierno, Fernández Carriedo mostró a la nueva ministra, Magdalena Valerio, su «vocación de colaborar». El gran reto, dijo es el de «seguir reduciendo la tasa de paro, seguir creando empleo y seguir creciendo económicamente» como se ha hecho «en toda España y también en Castilla y León» en los últimos años. Por eso anunció que colaborará con todas las políticas de la ministra enfocadas a esos objetivos.

Experiencia de la comunidad

El consejero puso también encima de la mesa la experiencia de Castilla y León en el ámbito del empleo con el objeto de que pueda servir de referencia para el resto de comunidades. «Tenemos una experiencia muy amplia en diálogo social», dijo al respecto, con acuerdos con patronal y sindicatos «que no tienen otras comunidades».

Fruto de ese diálogo social, explicó, la Junta de Castilla y León ha podido poner en marcha medidas con «colectivos a los que damos prioridad», como el de los jóvenes y las personas de mayor edad y los parados de larga duración. Respecto a los jóvenes, destacó cómo el Gobierno regional ha ampliado la Garantía Juvenil de los 30 a los 35 años.

En lo que se refiere a los parados mayores, que tienen «especiales problemas de empleabilidad», recordó que la Junta ha puesto en marcha un programa específico dirigido a ellos. Y, por último, los parados de larga duración que, según afirmó, «forman parte de las prioridades de nuestra estrategia de empleo». Según reiteró, Castilla y León puso todas experiencias, unidas a otras de formación y protección social, a disposición del Gobierno central y de las demás comunidades.

Según confirmó el consejero, la ministra de Empleo ha convocado para el próximo 1 de agosto una nueva reunión de la Conferencia Sectorial que en esta ocasión se hará por videoconferencia. Ahí el Ministerio abordará con las comunidades el texto de un Real Decreto que quiere aprobar en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el del 3 de agosto, y con el que pretende plantear un sistema que ampare a cerca de 42.000 personas que, tras haber agotado las prestaciones por desempleo, pueden quedarse fuera también del subsidio extraordinario del Plan de Activación para el Empleo (PAE). Se trata de una ayuda de 430 euros mensuales para parados de larga duración con responsabilidades familiares.

El Gobierno ampliará las ayudas a parados de larga duración

Lo ha dicho varias veces en sus comparecencias ante los medios: la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quiere mejorar la protección social de los españoles. Y en ello están ya trabajando, para que 42.000 parados que se habían quedado sin prestación puedan empezar a cobrarla ya en agosto. Así lo anunció Valerio después de su primera reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo.

De esta manera, cerca de 42.000 beneficiarios del PAE que se habían quedado sin esta ayuda de 430 euros al mes sin haberla agotado por reincorporarse a un trabajo, podrán reengancharse de nuevo a ella por el tiempo que les quedaba tras volver a estar en situación de desempleo y no disponer de ninguna fuente de ingresos.

«Ya hay personas que se están dirigiendo a las oficinas de empleo para preguntar si van a poder recuperar la prestación por desempleo», explicó la ministra, que prometió trabajar para que «la respuesta sea 'sí'». Por eso, avanzó que este tema lo abordarán en la mesa de diálogo social que se reunirá el jueves y terminarán de cerrarlo en las nueva conferencia sectorial que se hará la próxima semana.

Al tiempo, el Ejecutivo trabaja –igual que lo hizo el anterior– para «dar una vuelta a todo el sistema de protección asistencial por desempleo» con el propósito de unificar todas las ayudas en una.

Un nuevo modelo

Fernández Carriedo explicó al respecto que eso estaba previsto por el anterior Gobierno, que incluso tenía convocada una Conferencia Sectorial que quedó suspendida tras triunfar la moción de censura. La posición del consejero es que se debe elaborar «un nuevo modelo» que sea lo más amplio posible para llegar a todos los colectivos que lo necesiten y que incluya no solo el PAE sino otros subsidios más que existen hasta la fecha como el Prepara. «Nos parecía adecuado y nos sigue pareciendo adecuado ahora que esto se puede regular», manifestó al respecto.

No obstante, Carriedo recordó que en Castilla y León nadie se queda desamparado porque la Junta cuenta con una ayuda propia, el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), destinado a parados que hayan agotado los sistemas de subsidio estatales. Además, afirmó que la comunidad cuenta con otra protección adicional, la llamada Renta Garantizada de Ciudadanía para «aquellos que hayan agotado todos los sistemas anteriores».

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