Herrera y Báñez firman un convenio de colaboración para lograr una mayor calidad en el empleo

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha reclamado hoy más inspectores de trabajo en Castilla y León para combatir el fraude laboral, pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le ha replicado que esta Comunidad es una de las que menor incidencia de fraude tiene.

Tras firmar un convenio de colaboración que persigue una mejor coordinación de los medios materiales y personales que ambas administraciones tienen al servicio de una mayor calidad en el empleo, ambos han intercambiado argumentos sobre la dotación de inspectores que Castilla y León debe tener para cumplir esa función.

En primer lugar, Herrera ha planteado la «necesidad» de dar una mayor importancia a criterios que van más allá de los ratios de población existentes en cada territorio, ya que esto perjudica a lugares como Castilla y León, que por el contrario tienen en la extensión y la dispersión de sus núcleos de población el principal factor de encarecimiento y penalidad de la labor inspectora.

Herrera ha vinculado esta «reflexión» con las reivindicaciones que realiza en el mismo sentido para el recién abierto debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, en el que Castilla y León defiende la necesidad de atender a criterios como el envejecimiento, la extensión territorial y la dispersión de los municipios, entre otros que compensen el que consideran excesivo peso de la población absoluta.

«Tomo nota de la petición», ha comenzado por decir la ministra, quien sin embargo ha subrayado que los ratios con los que trabaja su departamento colocan también como «importante» el factor de la incidencia del fraude para distribuir a sus inspectores de trabajo, y en ese apartado Báñez ha colocado a Castilla y León como «una de las comunidades donde hay menos incidencia».

La ministra ha detallado que en España, «desgraciadamente hay zonas y sectores donde hay economía sumergida» y que proliferan los empleos sin derechos, lo que han considerado como «la peor lacra», que además supone una «competencia desleal entre empresas» y un perjuicio para el futuro de las pensiones.

En datos, Herrera ha explicado que actualmente en Castilla y León realizan su labor en esta materia 64 inspectores de trabajo, 64 subinspectores y 126 personas que realizan funciones administrativas, de apoyo y colaboración -todos ellos dependientes del Ministerio-, a los que se suman desde septiembre de 2016 veinte funcionarios de la Junta que realizan funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud laboral en centros de trabajo de la Comunidad.

El presidente ha valorado que para el presente año el Ministerio ya haya anunciado que al menos otros tres inspectores se incorporarán a este cuerpo, aunque ha defendido su petición para que los medios sean aún más, en consonancia con los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social.

En lo que sí han coincidido ambos es en señalar la creación de empleo y la mejora de su calidad como el objetivo de las administraciones y de la sociedad en general, en un recorrido que ven «en la dirección correcta» tras conocer los datos de creación de empleo y de reducción del paro del pasado 2016.

Sin embargo, los dos han reconocido que las cifras indican que aún «queda mucho camino por recorrer», en palabras de Herrera, mientras que la ministra le ha puesto números a esta realidad al recordar que sólo se ha recuperado uno de cada dos empleos perdidos durante la crisis económica.

La acción de la Inspección de Trabajo en Castilla y León ha supuesto desde 2012 la transformación en indefinidos de hasta 13.500 contratos temporales -3.900 en 2016- y que afloraran hasta 25.300 empleos «sumergidos» -5.000 en 2016-.

Para el presente ejercicio, las acciones dependientes de ambas administraciones prevén más 42.000 actuaciones en esta materia, de las que casi 17.000 corresponden con las actuaciones que son competencia de la Junta de Castilla y León.

La previsión es que las acciones de inspección sobre contratos laborales aumenten el 20 por ciento, las de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres el 7 por ciento y las referidas a las condiciones de trabajo el 3,5 por ciento.

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