La subida del diésel costará 40 millones de euros a los conductores de Castilla y León

Surtidores de gasóleo y gasolina en una estación de servicio./Lavandeira JR
Surtidores de gasóleo y gasolina en una estación de servicio. / Lavandeira JR

La decisión del Gobierno de equiparar los precios del gasóleo y de la gasolina afectará a más de 760.000 vehículos en la comunidad

SARA UÑA SAAVEDRAValladolid

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado la subida del precio del gasóleo como resultado de una revisión de la fiscalidad que lo equipare al de la gasolina. El Gobierno prevé recaudar 2.100 millones de euros más al año con el objetivo de financiar políticas medioambientales contra el cambio climático y corregir el impacto que producen los motores diésel. El incremento impositivo, que se aplicará de manera progresiva en los próximos cuatro años, será en dos partes: por un lado, un aumento del 9,5% en el impuesto que grava el carburante (actualmente, el tipo impositivo de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro, mientras que el del gasóleo es de 30,7), y, además, una subida del 4,8% en las comunidades que no aplican el tramo autonómico (que pretende unificar el tipo al que cada comunidad autónoma grava los hidrocarburos).

En Castilla y León, que no incluye la carga regional, la medida supondrá, entonces, un aumento del precio del gasóleo del 11,7%, suma de las dos direcciones del plan fiscal. Esto se traduce en que los conductores de la comunidad pagarán 14,3 céntimos más por cada litro repostado y, en conjunto, cerca de 40 millones de euros a mayores saldrán de los bolsillos de los consumidores del hidrocarburo en la comunidad autónoma.

Valladolid, a la cabeza

El cambio de fiscalidad afectará, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), a los más de 760.000 vehículos de diésel en circulación en la comunidad, cuyo gasto en carburantes pasará de los 670 euros de media anuales a 722 euros, según fuentes del sector. Las provincias que más lo van a notar son Valladolid, donde el gasto se incrementará entorno a ocho millones de euros, y León, con cerca de siete millones. En Palencia, la demarcación que tiene un mayor porcentaje de vehículos de gasóleo con respecto al total (64%), la subida supondrá un gasto extra de casi tres millones de euros.

«El gasóleo no solo son los coches, es todo lo ligado al transporte y a la industria. Realmente no podemos entender que puedan subir algo estratégico que repercuta en el bolsillo del ciudadano». En estos términos valora la medida Rafael Pizarro, vicepresidente y portavoz de la Agrupación de vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal). Defiende Pizarro que la subida afectará a la economía nacional en su conjunto, y a Castilla y León en consecuencia, porque al encarecer el producto, habrá menos consumo «en general y no solo en las estaciones de servicio». Añade además que «habrá más inflación y, por lo tanto, más paro». El portavoz de Avecal critica la gestión gubernamental y subraya que «lo que deberían hacer los políticos es administrar mejor el dinero público».

«Jarro de agua fría»

Por su parte, desde la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Fereclaes) lo veían venir, pero no tan deprisa. Así lo ha señalado Horacio Sansegundo Manso, su presidente, que declara que la noticia se ha recibido como «un jarro de agua fría». Incide en lo mismo. Prevé que la nueva imposición sobre el diésel llevará a una «cadena de subidas» que afectará a todos los ciudadanos: «si se incrementa el precio, las ventas bajarán, como es normal». Señala a las furgonetas de repartidores y a los particulares como los grandes perjudicados: «Al ciudadano que tiene su coche le va a afectar porque desplazarse no le va a costar lo mismo. Pero, sobre todo, a los pequeños repartidores, quienes, como no cuentan con bonificaciones, deberán subir los precios de sus productos y servicios». Malas previsiones para las entorno a 300 estaciones de servicio que suma Fereclaes, tras una decisión del Gobierno que, de hacerse efectiva, Sansegundo califica de «poco normal e injusta».

El plan, que se aplicaría entre 2018 y 2021, apunta de lleno a los 17,9 millones de coches con motor diésel que hay en España, cuatro millones más que los que utilizan gasolina.

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