El Popular fue «demasiado optimista» en la ampliación de 2016, según el Banco de España

El presidente del Banco Popular en 2016, Ángel Ron. /R. C.
El presidente del Banco Popular en 2016, Ángel Ron. / R. C.

Los peritos del supervisor creen que el banco era viable en aquel momento, aunque no respetó «determinados aspectos de la normativa» contable

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El folleto de la ampliación de capital que realizó Banco Popular a mediados de 2016 por la que acudió al mercado para pedir 2.500 millones de euros contenía hipótesis que, en algunos casos, eran «demasiado optimistas» con respecto a la realidad por la que atravesaba la entidad financiera en aquella época, cuando su presidente era Ángel Ron. Así lo entienden los peritos cedidos por el Banco de España a la Audiencia Nacional, que investiga aquella operación y la responsabilidad en la que pudieran incurrir sus directivos ante las demandas de miles de accionistas perdieron sus inversiones tras la liquidación y venta al Santander en junio de 2017.

El informe elaborado por Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández explica que Popular ofreció una imagen ajena a la realidad en la que vivía entonces, sobre todo en lo relativo a la evolución de su cartera de activos dudosos, lo que «invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia».

Además, los peritos del supervisor consideran que las cuentas reflejadas en el folleto de la ampliación, presentado ante la CNMV y que constituye una de las bazas de los afectados a la hora de demandar al banco, «no respetaban determinados aspectos de la normativa». Ahí reside otra de las claves que muchos jueces utilizan en primera instancia para dar la razón a los accionistas perjudicados.

Sin embargo, estos expertos consideran que el Popular tenía un futuro por delante a mediados de 2016, cuando salió al mercado a buscar capital. No puede decirse que «fuese inviable», apuntan. Porque en ese momento «su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones». Además, y «a pesar de que era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia» exigidos por el BCE, el banco disponía «además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios».

No obstante, concluye el escrito, «con independencia de otros posibles déficits de provisiones», el importe de la ampliación hubiera debido ser mayor para alcanzar sus objetivos; de hecho, los anunciados para 2018 «sí eran alcanzables mediante operaciones de desinversión que el Consejo adoptó posteriormente».

Lo que también certifica la opinión de los peritos del Banco de España es que Popular se vino abajo por la sangría de ahorros de sus clientes. Ese fue el verdadero detonante de su resolución, y apuntan a «tres episodios de fuga de depósitos» durante el segundo trimestre de 2017. El más grave, el del 31 de mayo de ese año, afectó «a una elevada cantidad». Fue esa jornada cuando Elsa König, la presidenta de la Junta Única de Resolución europea (JUR), anticipó que el organismo «estaba haciendo preparativos» ante una posible caída del banco, que finalmente se produjo apenas una semana después para acabar en manos del Santander.