Editorial: Pensiones con IPC

La primera obligación del Pacto de Toledo es la de atender las reivindicaciones con la solvencia financiera necesaria

Pensionistas ante el Congreso de los Diputados en Madrid el pasado 12 de septiembre./Juan Carlos Hidalgo-Efe
Pensionistas ante el Congreso de los Diputados en Madrid el pasado 12 de septiembre. / Juan Carlos Hidalgo-Efe

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo tendrá pasado mañana una nueva oportunidad para alcanzar el consenso sobre la fórmula de revalorización de las pensiones, una vez que la referencia al IPC se ha convertido en aspecto ineludible para todos los grupos del Congreso. La discrepancia surge con las cautelas que, con excepción de Podemos, tratan de introducir los partidos parlamentarios para evitar que la inflación determine en exclusiva la actualización de las percepciones a cuenta de la Seguridad Social, toda vez que la subida de precios al consumo puede verse acompañada de un crecimiento económico más tenue, que desaconseje una indexación mecánica entre el IPC y las pensiones. Máxime ante la eventualidad de que las pensiones pudieran experimentar un incremento superior al de las remuneraciones salariales. La primera obligación de los integrantes del Pacto de Toledo no es atender las justas reivindicaciones de los pensionistas, sino hacerlo con la solvencia financiera necesaria como para que sus decisiones no respondan solo a una demanda de fuerte calado electoral.

El futuro del sistema de seguridad social está, de facto, en manos de una subcomisión parlamentaria, cuando su tarea tiene que ver con uno de los ejes vertebrales de nuestro estado del bienestar. Lo que aconsejaría conceder al Pacto de Toledo una mayor relevancia institucional, también en cuanto a la implicación que las formaciones parlamentarias deben a su cometido, porque resulta prácticamente imposible abordar con rigor la fijación de una fórmula de actualización de las pensiones, presupuesto a presupuesto, cuando está en juicio la sostenibilidad del propio sistema.

Resulta prácticamente imposible dar una respuesta coherente a la pregunta sobre la subida de las pensiones en 2019 o 2020, mientras se discute cómo calcular la percepción mínima debida a una persona jubilada, y continúa pendiente la determinación del factor de sostenibilidad que aseguraría la permanencia de la Seguridad Social en el tiempo. La definición de este último cuadro general no puede mantener en suspenso la respuesta a la cuestión inmediata de la revalorización de las pensiones. Pero tampoco la discusión sobre ese extremo y su deseable resolución debe condicionar, o agotar en su caso, las posibilidades de un consenso de alcance políticamente estable y económicamente viable.

 

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